El agrio enfrentamiento entre el Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y el regulador de las carreras de caballos, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), está sacando a la luz graves acusaciones de la SFCCE, que está en concurso de acreedores desde hace un año, contra los gestores del recinto madrileño, propiedad de la SEPI (principal accionista con el 95,78%) y de Loterías del Estado (LAE).
En un escrito remitido el pasado día 5 de junio al titular del Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid, Francisco de Borja Villena, que tramita el concurso, la SFCCE ha acusado al Hipódromo de “modificar a su conveniencia” y de manera “fraudulenta” las condiciones generales del Programa Oficial de Carreras de la temporada 2014 para quedarse con los ingresos derivados de los derechos de imagen de las competiciones que obtiene la empresa estatal de otra empresa pública, Loterías, que además es accionista del emblemático recinto madrileño.
Esas condiciones difieren según quien las cuente. Así, en las publicadas por HZ se señala, en la condición número 23 (página 51 del documento), que todos los participantes en la competición “ceden expresamente su derecho de imagen a Hipódromo de La Zarzuela S.A” y “aceptan, por el hecho de participar en las carreras”, que “cualquier derecho de imagen” ligado a las carreras de caballos en España “es un derecho único y exclusivo de Hipódromo de La Zarzuela S.A. como Sociedad Organizadora” de las pruebas.
Sin embargo, la cláusula 23 del programa publicado en la página 38 del Boletín Oficial de las Carreras de Caballos del pasado mes de noviembre es muy diferente: dice que “la SFCCE como entidad que regula las carreras de caballos a nivel nacional y como titular de los derechos inherentes a la competición, ostenta los derechos de imagen de los diferentes colectivos que participan en las carreras, siendo por lo tanto la única entidad que puede comercializar los mismos”.
Y añade que la SFCCE “cede, en su propio nombre y en las representaciones individuales que ostenta, a Loterías y Apuestas del Estado, y para todas las carreras oficiales que se disputen en la temporada de 2014, en el Hipódromo de la Zarzuela, gratuitamente y sin exclusividad, los derechos cuya titularidad o representación ostenta, de explotación audiovisual para la difusión por televisión terrestre o digital en España, para la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de las carreras”.
Hay algo en lo que coinciden tanto la SFCCE como HZ: ambas señalan en sus respectivos programas (en la cláusula número 1) que las condiciones del mismo sólo “serán firmes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España”. La discrepancia, por tanto, está servida.
SFCCE entiende en su escrito al juez que “el Hipódromo de la Zarzuela, para revestir con una apariencia de derecho la venta de los derechos de retransmisión televisada”, en virtud de un contrato que firmó con LAE en enero de 2013 y que estipula que Loterías pagará anualmente al hipódromo un mínimo de 5,5 millones de euros por los derechos audiovisuales de las competiciones, “ha optado por la manipulación de la cláusula 23ª de las condiciones generales aprobadas por la SFCCE y publicadas en su Boletín Oficial”.
La SFCCE lamenta en su escrito “la absoluta falta de escrúpulos que demuestra esta actuación de HZ, ya que no sólo se atribuye la competencia de modificar a su conveniencia las normas establecidas”, sino que “además lo hace con la clara intención de conseguir los rendimientos económicos establecidos en el contrato con LAE por la venta de un activo, que sólo pueden aparentar que es suyo con la fraudulenta modificación de unas normas cuya aprobación corresponde a la SFCCE”.
HZ, por su parte, ha argumentado ante el juez que la SFCCE ya “no es la legítima entidad de representación del sector”, porque “la legitimación” que le corresponde como árbitro de las carreras se sustenta en un convenio administrativo con la Real Federación Hípica Española (RFHE) que está denunciado desde febrero pasado y sobre el que debe dictaminar el Consejo Superior de Deportes (CSD).
Además, HZ ha argumentado, por medio de la abogacía del Estado, que “los diversos colectivos del sector” del turf ya han manifestado “que quieren otro ente regulador”.
