De las diez mayores multas que impusieron la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o sus predecesores (CNC, CNE, CMT…) hasta 2014, siete fueron anuladas total o parcialmente por la Justicia.
Tanto la Audiencia Nacional como, en la mayoría de los casos, el Tribunal Supremo, acaban dando al traste con la dura labor sancionadora de los reguladores, que por unas causas u otras acaban perdiendo la guerra con las grandes compañías multadas en los tribunales. El pasado verano, el Alto Tribunal anuló una sanción de 21,6 millones de euros a Mapfre y en 2010 le condonó a Telefónica una de 57 millones.
Por su parte, la Audiencia ha suspendido hace unos días de forma cautelar la multa de 25 millones impuesta por la CNMC a Iberdrola por manipular precios.
Ante este panorama, un grupo de movimientos sociales, organizaciones de consumidores, ecologistas, partidos políticos y sindicatos, entre otros muchos, se están organizando para plantar cara a estos llamados “vicios del sistema, que por unas cosas u otras acaba protegiendo a las grandes empresas infractoras, que utilizan sus potentes bufetes internos y externos y los lobbies para echar por tierra el trabajo de investigación y supervisión de la CNMC”, afirma una fuente consultada.
La Plataforma quiere participar en el proceso por el daño infligido por Iberdrola a los consumidores, al endosarles un sobrecoste en el precio de la luz de 105 millones
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a 417 organizaciones de todo tipo y más de 3.700 ciudadanos ha enviado un escrito a la Audiencia pidiendo su personación en la causa abierta por Iberdrola, que tras recibir la multa de la CNMC la recurrió por la vía contencioso-administrativa. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha conseguido la suspensión cautelar de la multa y esta Plataforma ciudadana ha solicitado participar en el proceso “para intentar seguirlo y vigilarlo de cerca e intentar ayudar a la CNMC y al propio Estado ante los intereses de la compañía, máxime cuando la actividad ilícita que provocó la sanción (manipulación de los precios de la energía hidroeléctrica a finales de 2013, cuando estalló el escándalo de las subastas de electricidad que inflaban el recibo de la luz) dañó el interés general de los ciudadanos”, afirman fuentes del entorno de la Plataforma.
Iberdrola endosó al manipular los precios eléctricos en la subasta Cesur un sobrecoste de 105 millones de euros al recibo de la luz que pagan todos los españoles, según la CNMC, que considera probado que la compañía se embolsó un beneficio de 21 millones de euros.
La multa (25 millones de euros) fue casi igual que el beneficio obtenido, lo que para muchos expertos pone a las claras que este tipo de sanciones no son disuasorias dado que el infractor se arriesga a pagar, como mucho, casi lo mismo que se embolsa ilícitamente.
Iberdrola gana tiempo y ha conseguido parar la multa, que no tendrá que pagarla, en el caso de que siga viva, hasta dentro de ocho o diez años cuando el Supremo la considere firme
La Plataforma está a la espera de que la Audiencia responda a su escrito y confía en poder ser parte activa en el proceso.
Según los datos de la propia CNMC, las multas impuestas por los reguladores en España tienen un recorrido de entre ocho y diez años desde que se imponen.
Las grandes compañías, muchas de ellas del Ibex, consiguen dilatar los procesos y agotar todas las vías y muchas veces consiguen o la rebaja o la anulación definitiva. En un buen número de veces, los multados acaban esquivando la multa en la que los reguladores trabajaron e investigaron durante meses y años.
“Es éste el mal endémico que sufren en España los reguladores, que con pocos medios y muchos problemas y presiones, tratan de sacar adelante expedientes que acaban en multas que no siempre se pagan”, afirma otra fuente.
Uno de los últimos y más clamorosos ejemplos de esto lo han protagonizado las grandes petroleras españolas (Repsol y Cepsa), que tras recibir importantes multas de la CNMC, recusaron a su presidente, José María Marín Quemada, y a algunos de sus consejeros. No consiguieron destronarles y han acabado recurriendo las sanciones ante la Audiencia.
