Tan sólo unos días después de que se firmara el acuerdo de mediación para poner fin al conflicto que sostenían Iberia y los sindicatos, el Gobierno dio luz verde en Consejo de Ministros a la modificación de la denominada ‘enmienda Telefónica’, la normativa para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. El cambio podría afectar a Iberia y más concretamente al coste de su ajuste laboral, uno de los caballos de batalla que llevaron al enfrentamiento entre la empresa y los trabajadores.
En este sentido, en el seno de IAG se sienten un tanto engañados por el Gobierno, ya que el Ejecutivo presionó en gran medida para su apuesta por la mediación entre Iberia y los sindicatos saliera adelante y, de este modo, pudiera desconvocarse la huelga que estaba causando graves perjuicios a los usuarios de los aeropuertos y pérdidas millonarias a la compañía.
Finalmente, IAG decidió ceder y aceptar un acuerdo que incluía dar prioridad al ERE actualmente en curso en Iberia, que se rige por la anterior legislación laboral y, por lo tanto, será más costoso para el holding que el propuesto en principio por Iberia. Pero sólo unos días después de rubricar el acuerdo en el Ministerio de Fomento, el Gobierno introdujo la modificación en la normativa, que pretende disuadir a las grandes empresas de que en los procesos de ajuste laboral carguen las tintas en los trabajadores de mayor edad.
De este modo, la nueva legislación contempla que si Iberia entrara en beneficios en los dos ejercicios posteriores a la aplicación del ERE, este proceso se encarecerá porque deberían hacerse cargo de las aportaciones correspondientes a los trabajadores de más de 50 años, siempre y cuando supusieran más de la mitad del total de los despidos.
Relaciones más tensas
De esta forma, IAG se ha encontrado con una parte del escenario que no estaba presente cuando Iberia se sometió al proceso de mediación que propuso el Ministerio de Fomento y que comandó el catedrático Gregorio Tudela como mediador. Ya aceptó de no muy buen grado la propuesta de Tudela, ya que suponía asumir un presupuesto que el holding había rechazado tradicionalmente: la aceptación del ERE vigente en Iberia.
Con vistas a realizar el ajuste laboral, IAG había provisionado 200 millones de euros adicionales, una cifras encaminada a ejecutar los planes de IAG, que consistían en poner en marcha un nuevo ERE con la nueva legislación laboral, más favorable para la compañia. Esto se anunció en la presentación de resultados, justo antes de que se iniciara el proceso de mediación. Esas cuentas reflejaron unas pérdidas cercanas a los 1.000 millones de euros, cantidad que no era en su totalidad achacable a Iberia ni mucho menos.
La presentación del balance de IAG también dejaba en evidencia que el déficit del plan de pensiones de British Airways continuaba en cotas demasiado elevadas, cerca de 2.500 millones de euros, lo que debilitaba la postura británica de imponer un ajuste laboral en Iberia sin acuerdo con los trabajadores.
El holding también se vio presionado por diez jornadas de huelga en Iberia, que han dejado un rastro de unos 45 millones de euros de pérdidas. El cóctel fue suficiente para que IAG se viera abocada a aceptar la oferta del mediador Tudela, que además rebajaba el número de despidos hasta 3.141, un 30% menos que los 4.500 previstos inicialmente en el llamado Plan de Transformación.
El giro dado en el último consejo de ministros vuelve a tensar las relaciones entre IAG y el Ejecutivo español, ya de por sí poco amistosas por todo lo acontecido en torno a la antigua línea de bandera española.
