El grupo tecnológico IBM se ha estrellado contra los tribunales españoles en su intento por evitar anotarse pérdidas millonarias relacionadas con el trato que la multinacional estadounidense aplicaba al plan de pensiones de la plantilla de la filial española.
Según explica la compañía en la presentación de sus últimos resultados trimestrales, en marzo de 2014 el Tribunal Supremo falló que IBM debía aplicar en España el plan de pensiones tradicional, que previamente, a principios de los años noventa, había modificado sin consultarlo a los comités de empresa. El grupo añade que el Tribunal Constitucional denegó la autorización de IBM España de apelar aquella decisión, y que el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional dictaminó que la compañía debía restablecer sus antiguos planes de pensiones. IBM España apeló esta última decisión, que de nuevo ha sido denegada, el pasado mes de mayo.
La multinacional estadounidense negocia en España 137 despidos
Como resultado de estas decisiones judiciales, IBM se ha anotado gastos antes de impuestos por jubilación de 230 millones de dólares, 209 millones de euros aproximadamente. La compañía señala en la presentación de sus últimos resultados que estima un coste total relacionado con planes de pensiones para 2015 de 1.100 millones de dólares, 1.000 millones de euros, lo que supone 700 millones más que en 2014, debido a "un aumento de las pérdidas reconocidas y a la obligación adicional de pensiones en España".
La confirmación del coste que para IBM va a tener las sentencias judiciales en España coinciden con un proceso iniciado por la filial española del gigante tecnológico de reducción de plantilla y rebajas salariales. IBM España se encuentra en estos momentos negociando con los representantes de los trabajadores 137 despidos en IBM SA y reducciones de sueldo. Fuentes cercanas a la empresa admitieron que el coste por pensiones en el que el grupo va a incurrir ahora "no ayuda" a la hora de evitar las medidas propuestas.
El grupo señaló el miércoles a Vozpópuli que ha iniciado "un proceso formal de consultas con los representantes legales de los trabajadores". El proceso, explicó, gira en torno a tres medidas "encaminadas a responder a los retos de un mercado en constante cambio y a operar con un modelo de negocio competitivo de manera sostenible". IBM España añadió que dado que el alcance y concreción final de las medidas serán determinados a través del proceso consultivo, "no podemos hacer ningún comentario adicional en estos momentos".
