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Soraya niega a Monzón que busque su relevo en Indra: "El Gobierno no está en este asunto, así que tranquilo"

La vicepresidenta del Gobierno respalda la continuidad de Javier Monzón al frente de Indra, después de una larga operación de acoso puesta en marcha por personajes como Antonio Hernández-Mancha y Eduardo Serra, con el apoyo de altos cargos de Defensa, lo que ha provocado que tanto Monzón como Serra se hayan tenido que mover para granjearse el apoyo del Rey saliente. A día de hoy, Casa Real, metida en lizas de más urgencia, se ha puesto de perfil.

  • Javier Monzón e Ignacio González en una imagen de archivo.

Las maniobras que intentan desplazar a Javier Monzón de la presidencia de Indra, que ocupa nada menos que desde hace 22 años y que han cobrado especial protagonismo desde que el Estado, a través de la SEPI, se hiciese el pasado verano con el 20% del capital procedente de Bankia, parecen de momento neutralizadas: "Para nada tienes que estar preocupado, Javier; te puedo asegurar que el Gobierno no está en ese asunto, así que estate tranquilo, de verdad".

Las frases entrecomilladas fueron pronunciadas por Soraya Sáenz de Santamaría el pasado domingo 25 de mayo, durante la visita que la vicepresidencia del Gobierno realizó al centro de seguimiento de la jornada electoral, centro que también fue visitado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tanto el proceso electoral como el recuento definitivo fue coordinado por Indra, como empresa especializada en tecnologías de la información. De acuerdo con fuentes de toda solvencia consultadas por este diario, Sáenz de Santamaría, en un aparte que mantuvo con Monzón, quiso dar por zanjadas las especulaciones en torno a la presidencia de la multinacional.

El apoyo explícito de Sáenz de Santamaría al ejecutivo que preside Indra se produce después del revuelo levantado en las últimas semanas por el intento de un sector de Defensa de forzar su relevo, haciendo valer el paquete que ahora controla la Sepi (Ministerio de Hacienda) en el capital de la empresa de consultoría e ingeniería de proyectos.

Según las fuentes cercanas al Departamento que dirige Pedro Morenés, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, es el promotor del movimiento que trata de encumbrar a Eduardo Serra, exministro de Defensa con Aznar, en una operación de la que Casa Real ha sido informada.

Según las fuentes consultadas, en los últimos tiempos, la estrecha relación de Monzón con el rey Juan Carlos, que anunció su abdicación el lunes 2 de junio, se había enfriado. Esta relación había sido forjada hace años. Pero en paralelo, Serra ha ido ganando peso en el entorno de Casa Real y se ha ido posicionando para intentar convertirse en el máximo ejecutivo del que, a propuesta de Defensa, Hacienda y el CNI, sería el nuevo conglomerado paraestatal de la Defensa que formarían Indra y Navantia, con el objetivo de ser más competitivos a la hora de obtener contratos internacionales.

En juego está no solo la presidencia de Indra, sino la del conglomerado del negocio de defensa que crearía el Gobierno junto a Navantia

Según las fuentes consultadas, Casa Real ve con buenos ojos que Serra, que es amigo y ha sido socio de Argüelles, presida este gran grupo español, situación ante la cual Monzón se movilizó, escenificando un encuentro con el Rey en su viaje de Estado a Emiratos Árabes y Kuwait. Casa Real ha optado, finalmente, por ponerse de perfil en la batalla, metida ahora en lides mucho más urgentes como es la sucesión en la figura de Felipe de Borbón y la amplia contestación social que está viviendo.

Se da la circunstancia de que Monzón es, desde hace lustros, uno de los directivos empresariales españoles más cercanos al Rey. Por su parte, Eduardo Serra también tiene desde hace años una relación muy cercana con el monarca, que ahora quiere poner en valor para forzar el movimiento en Indra.

La maniobra defensiva de Monzón ha llegado al consejo de administración de la propia Indra. En su última reunión, del 22 de mayo, el presidente consiguió que todo el consejo, por unanimidad, se comprometiese a votar a favor de su reelección y de siete consejeros más, en la junta de accionistas que tendrá lugar el 26 de junio.

Hacienda ha dado orden a los consejeros de la Sepi para que voten en la junta a favor de la renovación del presidente y del consejero delegado de Indra

Los más reticentes a la continuidad de Monzón habían sido los dos consejeros que Hacienda colocó en Indra tras tomar, por sorpresa, el 20% del capital el verano pasado. Finalmente, tanto el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio como el exsubsecretario de Fomento Adolfo Menéndez por orden de Hacienda, votarán a favor de la reelección de Monzón. Ellos mismos serán nombrados consejeros dominicales y también revalidarán sus puestos, el consejero delegado Javier de Andrés, y los consejeros independientes Isabel Aguilera, Rosa Sugrañes e Ignacio Santillana.

Y mientras tanto, otro de los outsiders que ha aprovechado los tambores de guerra en Indra ha sido el expresidente del Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, que se ha postulado también para asaltar la presidencia del grupo, con escaso éxito. Instalado en EEUU, el expolítico aún cuenta con anclajes en el PP y ha conseguido ser colocado por el Gobierno como consejero independiente de Enagás.

Y en las últimas semanas también ha maniobrado, haciendo valer el apoyo que podría conseguir de los fondos internacionales presentes en Indra de cara a la junta del próximo 26 de junio.

En los últimos tiempos, Monzón ha ido cosechando críticas tanto internas como desde el Ministerio de Defensa por la caída de contratos en el sector y el deterioro de las cuentas de Indra. De hecho, el Ministerio que dirige Morenés e Indra han llegado a chocar en proyectos del sector de la Defensa, lo que ha deteriorado la relación de este Departamento con la compañía de consultoría.

Ha sido en este contexto en el que se ha gestado el intento de mover la silla a Monzón, que llegó al cargo en 1992 y ha sobrevivido a varios gobiernos del PP y del PSOE. A la vista de que su cargo peligraba, el ejecutivo madrileño se ha asegurado un finiquito de más de 16 millones de euros en caso de despido.

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