Las impresiones del secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, sobre los propios impuestos que el gobierno catalán estaba implementando y concretamente sobre el impuesto a bebidas azucaradas, han sido la gota que ha colmado el vaso para la cadena alimentaria que, a través de la asociación FIAB que la representa, ha presentado recurso Contencioso Administrativo contra el Reglamento del Impuesto Catalán a las Bebidas Azucaradas Envasadas, conocido como IBAE. El recurso se ha presentado ante la sala Contencioso-Administrativa del TSJC.
Los portavoces de la industria llevaban tiempo lamentando la poca profesionalidad del impuesto y su dificultad para liquidarlo, pero las conversaciones hechas públicas en los últimos días del segundo de Oriol Junqueras en Hisenda parecen haber colmado el vaso. Salvadó decía en unos e-mails interceptados por la Guardia Civil y publicados por 'El Mundo' lindezas como "Durante la negociación de los Presupuestos nos hemos tenido que comer muchas cosas insensatas y muy imprudentes. Hemos asumido hacer un impuesto sobre bedidas azucaradas sin trámite de audiencia específico con los sectores afectados y calendarios imprudentes (...) Lo hemos hecho en contra de los informes internos sobre que esto no se sostenía por ningún lado y que mearíamos sangre después".
Estas declaraciones indican un posible delito de prevaricación que tendrá que determinar un juez pero también dejan poco recorrido a la tasa, que lleva aplicándose en teoría, problemas informáticos mediante, desde mayo. En otra de las declaraciones de esos e-mails, Salvadó aseguraba que "los sectores económicos están estresados y cabreados (...) Nos la trae floja que se cabree Coca Cola pero no a los pequeños contribuyentes, distribuidores...". Se trataba de un correo enviado el 18 de junio, cuando el impuesto ya estaba en marcha y en teoría funcionaba bien mientras en privado se decían estas cosas: "Lo que hemos hecho con las bebidas azucaradas no lo haremos nunca más. Ha sido un error y principalmente un error mío, por haber creído que un impuesto que llevábamos trabajando cuatro años en la casa estaba suficientemente maduro. No lo estaba".
Pérdida de competitividad
Desde las asociaciones del sector consideran que la norma vulnera principios como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros.
Además, el IBAE, contra el que se ha solicitado al Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica, aseguran las compañías.
