Los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello, expropietarios de SOS Cuétara (actualmente denominada Deóleo) están muy cerca de sentarse en el banquillo por la supuesta estafa que perpetraron en la empresa alimentaria, que salió a la luz hace ya un lustro.
Así lo ha revelado la Fiscalía General del Estado, que ha explicado que el caso “actualmente se encuentra en la fase final de la investigación, si tenemos en cuenta que los hechos iniciales de la querella han sido ampliados en dos ocasiones, siendo previsible que se incoe procedimiento abreviado y se pueda formular acusación en un breve período de tiempo”, según se recoge en su última memoria anual.
Fuentes conocedoras del proceso creen que la primera vista del juicio podría celebrarse a principios de 2015. En el caso, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, están imputados, entre otros, además de Jesús y Jaime Salazar, su hermano Roberto, ex director financiero, así como la mujer del primero de estos, Patricia Esteban, y el padre y el hermano de esta.
El caso se remonta a febrero de 2009, cuando varios consejeros del Grupo SOS rechazaron las cuentas de 2008, que incluían la concesión de un préstamo de 212,7 millones de euros, con vencimiento en 2013, que la empresa alimentaria otorgó a Condor Plus, una sociedad controlada por los hermanos Jesús y Jaime Salazar, en aquel momento presidente y consejero delegado del grupo, respectivamente.
El préstamo tenía como supuesto destino financiar una operación corporativa con un fondo soberano libio de la que no se tuvieron más noticias. Ese dinero habría ido a parar a otra sociedad de los Salazar, Unión de Capitales SA, “que habría retenido parte de los fondos y repartido el resto a distintas sociedades vinculadas a los querellados”, recuerda la Fiscalía.
Los Salazar fueron destituidos en mayo de 2009 y los nuevos responsables de la actual Deóleo, empresa que desde este año controla el fondo de capital riesgo CVC, presentaron una querella contra ellos por supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra el mercado, entre otros.
