Como ya ocurrió hace un año, la reforma eléctrica (esta vez sí, parece que la definitiva), se ha vuelto a retrasar, según confirmó este miércoles el ministro de Industria, José Manuel Soria, que, tras fijar durante meses su aprobación para este mes de junio, ahora prevé que salga adelante en el Consejo de Ministros del próximo 28 de junio o en “alguno de los dos que se celebrarán en los primeros quince días de julio”, según dijo en el Pleno del Congreso.
Y, como ocurrió hace un año, cuando el paquete de medidas fiscales para “encauzar” el déficit, inicialmente previsto por Soria para junio, acabó presentándose en septiembre, el retraso se explica fundamentalmente por un nuevo encontronazo entre el ministro canario y el de su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable de los dineros públicos.
Si hace un año las divergencias se centraban en los diferentes gravámenes a aplicar a cada tecnología (al final, Soria no pudo aplicar distintas tasas a cada una, como pretendía inicialmente), ahora el tira y afloja se centra en la aportación que deberá hacer el Estado para resolver el problema.
El pasado lunes, Soria dijo, en una entrevista en TVE, que la reforma incluirá una mayor “implicación y participación” del Estado, que aportará, dijo, otros 2.000 millones para acabar de forma “permanente” con el problema del déficit tarifario, un colosal agujero para el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido esta semana una solución “duradera”.
Soria no especificó en esa entrevista a qué partidas se destinará esa nueva inyección de dinero público, que previsiblemente saldrá de los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes conocedoras del proceso, que confirman las diferencias entre los dos ministerios, apuntan a dos partidas que actualmente costea la tarifa eléctrica y que pasarían a soportar (en su totalidad o parcialmente) las cuentas públicas de forma permanente: los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla) y parte de la multimillonaria factura de las primas a las renovables.
Los extracostes extrapeninsulares (cuya anualidad de este año ya está previsto que sea soportada por los Presupuestos de 2014) ascienden a unos 1.800 millones de euros anuales, derivados, principalmente, de la factura derivada de la generación con fuel.
Industria, que al igual que las eléctricas considera que este es un coste social (al igual que las subvenciones para los billetes de avión de los residentes en las islas), confía en que esa factura se abarate tras la entrada en vigor de un anteproyecto de ley para impulsar la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares que actualmente tramitan las Cortes, y mediante el levantamiento de la moratoria a las energías renovables en esos territorios, que Soria ha confirmado esta semana.
Respecto a las renovables, el Congreso acaba de dar vía libre a un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros que se destinará a financiar parte de la factura de las primas a las renovables y que permitirá tapar parte del agujero previsto para este año en el saldo de ingresos y costes regulados del sistema. El resto procedería de la citada aportación de los PGE y de los ingresos por las subastas de CO2, que el año pasado el Gobierno (en una previsión que ya entonces era optimista) cifró en unos 450 millones de euros, aunque el desplome de la cotización de los derechos de emisión hacen imposible alcanzar esa cuantía.
