El Gobierno de Mariano Rajoy se ha librado finalmente del problema del Castor, la plataforma de almacenamiento de gas natural que provocó más de 500 terremotos en septiembre de 2013.
El Ministerio de Industria y Energía decidió entonces paralizar temporalmente el funcionamiento de la infraestructura construida por Escal UGS, compañía controlada por ACS. Asimismo, encargó varios estudios para constatar que la inyección de gas fue la causante directa de los seísmos y designó a Enagás como la compañía encargada de hibernar la instalación hasta nueva orden.
El operador de transporte de gas ha señalado estos días que ha solicitado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) un estudio que servirá "de base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de la instalación".
Este informe no estará finalizado hasta el segundo semestre de 2016, según la estimación del propio MIT, de forma que el actual Gobierno se libra de afrontar la polémica decisión de proceder a su desmantelamiento definitivo por persistir los riesgos sísmicos, mantenerlo hibernado sine die o proceder a su reapertura.
El nuevo Gobierno tendrá que decidir a finales de 2016 si exige responsabilidades a ACS, que cobró de urgencia 1.350 millones de euros al devolver la concesión al Estado
Inicialmente, se había especulado con que los informes pertinentes que había encargado el Departamento que dirige el ministro José Manuel Soria estarían terminados este mismo 2015, de forma que el Ejecutivo podría tomar una decisión sobre el futuro del Castor.
Pero al dejar en manos de Enagás la hibernación, el operador de transporte de gas ha fijado sus propios tempos y ha dado un balón de oxígeno a Soria y su equipo, al posponer para finales del próximo año la toma de una decisión que, sea cual sea, va a ser polémica.
Habrá que esperar entonces al estudio del MIT y será el nuevo Gobierno salido de las elecciones generales de finales de este año el que decida sobre el futuro del almacén y sobre la posible reclamación al grupo que preside Florentino Pérez de si el informe estima que hubo dolo o negligencia por parte del operador a la hora de inyectar gas y provocar los terremotos que afectaron durante semanas a la zona norte de Castellón y al sur de Tarragona.
El Castor se ubica 30 kilómetros mar adentro frente a las costas de Vinaroz (Castellón). El actual Gobierno decidió pagar de urgencia a Escal UGS unos 1.350 millones de euros en compensación por la devolución al Estado de la concesión de explotación del almacén, una cantidad que será costeada por todos los consumidores de gas de España. Muchos expertos consideraron aventurado entregar esta indemnización a la filial de ACS sin siquiera esclarecer las posibles responsabilidades del concesionario a la hora de poner en marcha la infraestructura que llegó a provocar algunos terremotos que superaron los 4 puntos de la escala Richter.
