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El juicio contra el rey Sol ya tiene fecha: el 16 de octubre de 2017

El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, cobró 15,6 millones de euros por el ejercicio 2015, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, 8,3 millones de euros, entre salarios e indemnizaciones tras cesar en sus puestos.

  • Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.

La Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional, ha acordado señalar para el próximo día 16 de octubre el comienzo del juicio que sentará en el banquillo al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y también al exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, además de otros exejecutivos del grupo energético, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Benjumea y Sánchez Ortega recibieron indemnizaciones millonarias tras abandonar sus puestos en la compañía en el mismo año en la que esta se declaró en preconcurso de acreedores provocando una reestructuración del grupo que se ha llevado por delante a miles de empleados y las esperanzas de la industria mundial de energías renovables. En el ejercicio 2016, Abengoa registró las mayores pérdidas de una compañía española no financiera, 7.629 millones de euros.

En plena tormenta financiera, Abengoa aprobó que Benjumea cobraría 7 millones en el caso de que fuera cesado contra su voluntad

En un auto dictado esta semana el tribunal, presidido por la juez Ángela Murillo, ha fechado ya el inicio del juicio tras las diligencias efectuadas a raíz de las querellas interpuestas por pequeños accionistas representados por la Plataforma de Afectados de Abengoa, liderada por los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Rodríguez.

De acuerdo al informe de Gobierno Corporativo de Abengoa del año 2015Felipe Benjumea recibió en total 15,6 millones de euros ese año, y Manuel Sánchez Ortega 8,3 millones de euros, entre salarios e indemnizaciones al cesar en sus puestos. En la querella contra Benjumea y Sánchez Ortega los abogados destacaban que los dos acusados “percibieron una auténtica millonada por dejar voluntariamente sus cargos de gestores de intereses ajenos y en claro perjuicio de éstos”.

Además de Benjumea y Sánchez Ortega, también están acusados de los mismos delitos Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde, y Antonio Fornieles. Los tres participaron en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que permitieron las elevadas indemnizaciones entregadas al expresidente y al exconsejero delegado. Fornieles ocupó la presidencia de Abengoa durante unos meses en los que se negoció la refinanciación de la compañía. El exministro José Borrell formaba parte de esa misma comisión, pero, como él mismo explicó en su comparecencia ante el juzgado, citado como testigo el pasado año, se ausentó de aquella reunión.

La familia Benjumea ha visto caer su participación en el grupo energético de más del 50% a menos del 3%

El tribunal de la Audiencia Nacional que ha fechado el inicio del juicio no ha permitido algunas de las pruebas y testificales solicitadas por los demandantes. Así, se ha inadmitido tomar declaración a los autores de dos libros sobre el crack de Abengoa "puesto que sus testimonios carecen de relevancia y utilidad a los efectos enjuiciados, tratándose de profesionales que han escrito libros que abordan la materia a juzgar, cuyas publicaciones sí que formarán parte del acervo probatorio documental aportado por dicha parte". 

Los magistrados tampoco han permitido que la consultora KPMG, y también Abengoa, envíen documentación solicitada sobre la información financiera del grupo en 2015.

Cese voluntario, o impuesto

Felipe Benjumea (Sevilla, 1957) dejó la presidencia de Abengoa en una polémica reunión del consejo de administración de la multinacional sevillana celebrada el 23 de septiembre de 2015. En teoría, la salida del hijo del fundador del grupo era una condición exigida por las entidades financieras para llevar a cabo una ampliación de capital de 650 millones de euros que finalmente, a pesar del cese de Benjumea, no se produjo.

Durante las diligentes del proceso judicial, los consejeros de Abengoa han asegurado ante la juez que fue el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, quien impuso la salida de Benjumea. El ejecutivo del banco presidido por Ana Botín manifestó ante la magistrada que las cuentas de Abengoa adolecían de falta de concreción. Y aseguró que ni él ni Santander condicionaron su apoyo financiero a Abengoa a la salida de la presidencia de Benjumea, pero admitió que él "personalmente" recomendó al empresario sevillano abandonar el grupo.

En plena tormenta financiera del grupo, con su cotización hundida y cada vez mayores dudas sobre su viabilidad, Felipe Benjumea acordó una bonificación de 7 millones de euros sobre la que no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta que el regulador del mercado requirió a la empresa información sobre indemnizaciones pactadas entre la sociedad y los consejeros. En mayo de 2015 Abengoa remitió la información solicitada a la CNMV.

Abengoa explicó entonces al organismo regulador del mercado español que en 2015 se habían firmado "contratos mercantiles" con el presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, y el entonces consejero delegado, Santiago Seage, que reconocían a favor de estos "el derecho a percibir una bonificación condicionada a su permanencia en el cargo hasta alcanzar la edad de sesenta y cinco años por importe de siete millones de euros y tres millones de euros respectivamente".

La compañía añadió en su escrito a la CNMV que las bonificaciones anteriores "se devengarán, asimismo, en el supuesto de cese anticipado de sus relaciones con la sociedad por causas ajenas a la voluntad del consejero o que no traiga causa de un incumplimiento de sus funciones imputable al consejero, de manera que la bonificación se devengaría íntegramente en los supuestos de incapacidad permanente o fallecimiento del consejero, abonándose a los herederos en este último caso".

Por esta razón, durante el proceso judicial, se atenderá a discernir si la salida de Benjumea fue un cese realmente impuesto por la banca, contra la voluntad del expresidente del grupo, o si fue voluntaria, y cual fue el papel de los consejeros del grupo.

La familia Benjumea y otros socios controlaban más del 50% del capital de Abengoa a través de las sociedades Inversión Corporativa IC y Finaprisa. Tras la reestructuración del grupo acordada para evitar el que hubiese sido el mayor concurso de acreedores ocurrido en España, sus acreedores financieros son ahora sus principales accionistas, mientras que los Benjumea han visto caer su participación por debajo del 3%.

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