Cada nuevo paso que acompaña al mapa definitivo de la banca española supone un nuevo desencuentro entre el sector y Luis de Guindos, ministro de Economía. Las últimas críticas surgen de la intención del Gobierno de neutralizar la opinión del sector financiero en el nuevo diseño del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que aparece en el nuevo decreto de reforma financiera que debe aprobarse este viernes.
En este texto, que confiere mayores poderes al FROB, incluso dándole la potestar para intervenir y liquidar las entidades en problemas o susceptibles de entrar en ellos, este fondo estará regido y administrado por una comisión rectora integrada por nueve miembros. Cuatro miembros estarán designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, que ostentará la presidencia de la comisión rectora, y el resto corresponden a diferentes cargos políticos y técnicos del Gobierno.
De esta manera, Isidro Fainé, presidente de Caixabank y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); Roberto Higuera, vicepresidente de Banco Popular y uno de los ejecutivos financieros más conocidos en los mercados internacionales, y Joaquín Vázquez, director general de las Cajas Rurales, se quedan sin voz ni voto en el nuevo organigrama del FROB.
El nuevo texto, según el borrador al que ha tenido acceso este medio, sólo deja al sector la potestar de participar como "observadores" en las reuniones de la comisión rectora "siempre que tal participación no genere conflictos de interés que puedan interferir en el desarrollo por el FROB de las funciones previstas en el nuevo decreto-ley". Mientras, Antonio Carrascosa, nuevo director general del FROB, podrá asistir a las sesiones con voz, pero sin voto.
El nuevo decreto deja a la banca con un papel de mero observador, en caso de ser invitado a las reuniones del FROB
Las mayores críticas, y a la vez temores, provienen de la banca mediana, la parte del sector que se verá más afectada por las condiciones de la tercera reforma financiera de Guindos. El borrador del real decreto establece tres niveles de ayudas públicas en función del estado de gravedad de los bancos. El primero de ellos es la citada «ayuda temprana» que se destinaría a entidades básicamente sanas pero que puedan necesitar cierto apoyo del Estado dada la difícil coyuntura actual. La polémica ha surgido porque, según varias fuentes del sector, las condiciones para que el Banco de España considere que es necesario activar este mecanismo son muy amplias, tanto es así que podría afectar a una parte importante del sector.
En concreto, el documento establece que se aplicará «cuando una entidad de crédito incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, o cualquier otro requisito establecido por las normas de ordenación y disciplina, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios».
"El Banco de España, pero especialmente el FROB, tienen ahora potestar absoluta para definir el mapa bancario a su antojo. Las entidades apenas contarán con margen de actuación para eludir cualquier tipo de ayudas, puesto que el FROB tiene ahora todos los medios para obligarles a solicitar dinero público aunque no fuera necesario", asegura un directivo de una entidad que supera los 100.000 millones. "Sacar al sector del FROB es condenarlo al intervencionismo del Gobierno y de los grandes, que serán los que se repartan finalmente las entidades a su gusto", explica otro ejecutivo bancario.
Además, en el sector se piensa que el FROB, que también ha asumido las competencias para inyectar dinero público al Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), puede imponer nuevas derramas a la banca para complementar las aportaciones gubernamentales.
