La Comisión Europea acaba de dar luz verde al inicio de las demandas judiciales por la que es, hasta ahora, la multa por cártel más importante puesta por Bruselas: 2.930 millones para cuatro grandes fabricantes de camiones: Daimler, Iveco, Volvo-Renault y DAF, por "acuerdos de precios colusivos en el área económica para camiones grandes y medianos, y traspasar los costes de la introducción de tecnologías para menores emisiones" a los consumidores. Un acuerdo que duró desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011, y que supuso millones de euros en sobrecostes para transportistas profesionales en España y el resto de la Unión.
"Estamos en condiciones de formular una de las mayores demandas por perjuicios de un cártel de la historia de España en unos pocos meses, en cuanto termine la pericial que servirá de prueba y en la que se demostrarán los daños individualizados a cada unos de nuestros afectados, cuyo número se amplía por decenas cada día", asegura a este diario Emilio Domínguez, coordinador de la Plataforma de Afectados por el Cártel que ya reúne a 1.500 demandantes entre autónomos y empresas y ha sido promovida por la patronal camionera española, Fenadismer.
En toda la UE se pueden haber visto afectados unos 10 millones de camiones nuevos
Aunque la posibilidad de demanda ya estaba organizando a afectados en España, Reino Unido o Alemania, los demandantes esperaban el Diario Oficial de la Unión Europea para conocer con detalle cómo fue el procedimiento del cártel, un documento necesario para "aquilatar los hechos en los que los constructores han incurrido y realizar la pericial con solvencia".
A esta demanda puede adherirse cualquier autónomo o sociedad que comprara un vehículo de transporte de mercancías de masa superior a 6 toneladas de cualquiera de estas marcas. Fenadismer estima que el número de adquisiciones de vehículos afectados por dichas prácticas restrictivas de la competencia se sitúa en alrededor de 10 millones de camiones en toda la Unión Europea, de los que aproximadamente 200.000 corresponden a camiones adquiridos en España. Unos 2.500 millones podrían reclamarse.
Los hechos probados
El texto lo explica así: "entre 1997 y 2010 los implicados mantuvieron reuniones en dependencias de la industria realizadas con la intención de infringir la ley. También se intercambiaron regularmente e-mails y llamadas telefónicas. En ellas se discutían aumentos de precios y la introducción de nuevos estándares de emisión hasta 2004. Desde agosto de 2002 en adelante, las discusiones se hicieron a través de las filiales alemanas que reportaban directamente a las matrices (...) En estos encuentros, que se realizaban varias veces al año, se discutían y en ocasiones se acordaban aumentos de precios".
La Comisión relata con detalles como por ejemplo "en 1998 los fabricantes acordaron no introducir los estándares EURO 3 -un nivel menor de emisiones- hasta que no fuera obligatorio hacerlo, acordando además subidas de precio en los países donde estuvieran más bajos". Tal fue el caso de Francia, donde antes de la entrada del euro estaban los precios más baratos.
Los fabricantes que participaron en el cártel se intercambiaron la información sobre subidas de precios que realizarían todos de forma conjunta en numerosas ocasiones y cada vez de forma más estandarizada. En el texto comunitario se toman como pruebas e-mails determinados enviados por algunos empleados de estas marcas con objetivo de coordinar sus acciones. "No fueron hechos aislados a lo largo del tiempo, sino una conducta concertada", se concluye.
La denuncia de MAN provocó todo
Precisamente fue la constructora MAN, una empresa de Munich, la más pequeña de todas las implicadas en este caso, quien destapó la liebre. "El 20 de septiembre de 2010 MAN SE y sus subsidiarias pidieron la inmunidad ante multas o la reducción de las mismas. El 17 de diciembre la Comisión se la garantizó".
Entre el 18 y el 21 de enero de 2011, la Comisión inspeccionó las sedes centrales de los infractores. Todos ellos reaccionaron solicitando la inmunidad al igual que había hecho MAN y prometiendo contar todo lo que sabían. Sin embargo el programa de clemencia sólo se ha aplicado a la constructora muniquesa.
Scania no ha reconocido los hechos, lo cual podría causarle una sanción mayor de comprobarse
Para los demás, las multas son de alcance: 1.008 millones de euros para Daimler, la más afectada. 494 millones de euros para Iveco, 670 para Volvo-Renault y 752 millones para DAF. La UE facilita un banco de Luxemburgo para ingresar el dinero en tres meses, a partir de los cuales comienza a cobrar intereses.
En el caso de Scania, pese a formar parte del referido cártel, al no haber admitido su participación en los hechos denunciados, a diferencia de las restantes marcas, está pendiente de que la Comisión Europea dicte una resolución específica para dicho fabricante, lo que conllevará incluso una sanción económica de mayor cuantía de reconocerse su participación en el acuerdo de precios entre los fabricantes.
