La empresa calificada como de seguridad 'low cost' Marsegur, relacionada según los sindicatos con Miguel Ángel Ramírez, ha implosionado esta semana después de muchos meses en la cuerda floja con una huelga que han secundado una gran mayoría de sus 1.500 empleados y que ha afectado especialmente en el Ministerio de Defensa, uno de sus principales clientes con quien en enero se adjudicó un contrato de 15 millones de euros. Según los sindicatos, el lunes y el martes los militares tuvieron que sustituir a los vigilantes de seguridad en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en el hospital militar Gómez Ulla o en el Alcázar de Toledo. "Se han cubierto los vigilantes de seguridad armados con militares de paisano en controles de acceso", aseguran los sindicatos.
Desde Defensa ni confirman ni desmienten este problema de seguridad pero sí confirman que se han iniciado los trámites para rescindir el contrato a Marsegur añadiendo que será un procedimiento que llevará meses. Curiosamente, el último acuerdo marco firmado por el ministerio con la compañía es de abril, un momento en el que Marsegur ya era una compañía muy criticada por los bajos sueldos que pagaba a sus trabajadores (unos 780 euros de media). Entre 2014 y 2015, Marsegur triplicó su facturación desde los 2 hasta los 6 millones de euros, gracias sobre todo a concursos públicos.
Hay que tener en cuenta que el ministerio de María Dolores de Cospedal sólo tuvo en cuenta para esta adjudicación el precio. El presupuesto base de licitación era de 18,9 millones de euros incluido impuestos para un periodo de ejecución de un año. Finalmente, Marsegur se lo quedó por 15 millones, una baja temeraria del 20%.
Marsegur es una compañía cuya propiedad se atribuye a Miguel Ángel Ramírez, el empresario canario de la seguridad privada. Él ha negado en múltiples ocasiones toda vinculación con esta empresa, también de Las Palmas como Seguridad Integral Canaria. Tanto Marsegur como Sinergias como SIC constituyen una patronal llamada Acosepri, donde prácticamente no hay nadie más. Por otra parte, la empresa principal de Ramírez anunció en agosto que abandonaba el sector de los vigilantes por los impagos públicos mientras los trabajadores consideraban que lo hacía para quedarse con los contratos a través de Marsegur y Sinergias.
El Congreso dio la puntilla
Desde Defensa se asegura que la decisión de quitar el contrato a Marsegur (contra la que caben alegaciones) se tomó antes de que la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobara, en la tarde del martes a propuesta de Podemos, una Proposición No de Ley en la que pedía al ministerio de Dolores de Cospedal la rescisión del contrato con Marsegur.
Cospedal no dudó en adjudicar a la oferta más baja el "acuerdo marco", tal y como lo llaman en Defensa, que incluye a distintos edificios públicos dependientes del Ministerio.
