La empresaria Mercedes Daurella, cuya familia es una de las principales accionistas de Coca-Cola European Partners, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta una pena de dos años de cárcel por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda entre 2011 y 2013 simulando su residencia en Mónaco, informa Efe.
En el acuerdo de conformidad, que ahora está pendiente de ser ratificado ante el juez, Daurella también acepta una multa de un millón de euros, el 65% de la cuota que defraudó utilizando dos sociedades instrumentales domiciliadas en el extranjero para ocultar su titularidad sobre bienes y derechos y de las rentas que obtenía, "con la clara finalidad de eludir el pago de los impuestos debidos".
En concreto, la empresaria reconoce que cometió seis delitos contra la Hacienda Pública, en relación al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio, en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, por lo que asume una pena de cuatro meses de cárcel para cada uno de ellos.
Al no superar la pena de cárcel impuesta los dos años, Daurella, que no tiene antecedentes penales, podrá evitar con toda probabilidad el ingreso en prisión cuando la sentencia sea firme, una vez se haya ratificado en el juzgado el acuerdo de conformidad alcanzado entre todas las partes: la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el abogado de la Generalitat y la defensa de la empresaria.
Sociedades interpuestas
Según el acuerdo de conformidad, Daurella residió de forma "efectiva, habitual y permanente" en España entre 2011 y 2013 y, sin embargo, "con el ánimo de evitar su sujeción como persona física al sistema tributario español", declaró "falazmente" tener su residencia fiscal en Mónaco.
Como consecuencia de ello, según el escrito, la empresaria no declaró en el IRPF todas las rentas que percibió durante aquellos años y, aunque sí presentó declaración por su patrimonio, lo hizo en calidad de no residente.
Mediante este sistema, Daurella defraudó un total de 1,1 millones de euros al no presentar declaración del IRPF de los años 2011 (en el que dejó de pagar por este concepto 205.118 euros), 2012 (398.101 euros) y 2013 (524.953 euros). Además, Daurella también defraudó en sus declaraciones sobre el Impuesto de Patrimonio de 2011 (127.320 euros), 2012 (154.393 euros) y 2013 (177.943 euros).
La Fiscalía de Delitos Económicos se querelló en octubre de 2016 contra Daurella, tras lo cual el titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona abrió una investigación por seis delitos contra Hacienda. En la querella, el fiscal Miquel Ángel Pérez-De Gregorio detallaba que Daurella usó una "estructura" de "sociedades interpuestas", como Hestell y Well's Bay, como medio para cometer un fraude a Hacienda, de manera que los millones de euros que percibió como dividendos, entre ellos procedentes de Cobega, tributaron de una forma "notoriamente reducida".
Durante el período 2011-2013, Mónaco no tenía firmado con España el Convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información, por lo que, en el caso de declarar la residencia en un paraíso fiscal, es el contribuyente quien la debe acreditar durante más de 183 días al año.
En el caso de Daurella, ésta aportó a la Agencia Tributaria documentación para justificar la veracidad de su residencia monegasca, pese a que el fiscal no le dio credibilidad, aportando facturas en las que la empresaria figura como receptora de servicios de transporte de documentos y paquetes efectuados en Barcelona, de taxi, de billetes de avión, de certificados de reuniones y certificados bancarios de cobro de cheques y retiradas en efectivo
