La querella que un grupo de accionistas minoritarios de Metrovacesa interpuso contra algunos miembros de los últimos consejos de administración de la compañía se extenderá a los consejos de las entidades financieras que componen el accionariado de la inmobiliaria: Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia. El proceso se inició con una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, que tres años después se ha reactivado con el traslado a la Audiencia Nacional.
Hace unas semanas, la Audiencia Provincial de Madrid daba un vuelco al proceso al admitir el recurso de apelación contra el archivo de la denuncia a ex consejeros de Metrovacesa por parte de accionistas minoritarios, que les acusan de delitos como administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El juez Adolfo Carretero, titular juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que fue el que archivó la causa, comunicó la semana pasada a través de un auto que se inhibía de la causa debido a que la Audiencia Nacional había comenzado a practicar diligencias previas a causa de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, este auto ha sido recurrido por la representación de los minoritarios al considerar que el juzgado de instrucción número 47 debe proseguir con el caso hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el asunto de la competencia.
Petición de colaboración
En este recurso, presentado por el abogado José Luis Abascal en representación de los minoritarios, la parte demandante anuncia que “es muy posible” que las responsabilidades penales por los delitos descritos en la querella se extiendan “a los consejos de administración de los bancos” que forman parte del capital de la compañía, en la que entraron en febrero de 2009 después de que la familia Sanahuja, anteriores accionistas de referencia de la inmobiliaria, llegaran a un acuerdo con las entidades financieras para canjear la deuda que mantenían con ellas por títulos de Metrovacesa.
Precisamente, los minoritarios denuncian que ese traspaso de poderes se realizó de forma “harto irregular” y en perjuicio de los intereses de los accionistas, tanto de la inmobiliaria como de los propios bancos.
En su día, los minoritarios solicitaron al consejo de administración de Metrovacesa controlado por los bancos información sobre las actividades de la empresa que son el objeto principal de la querella (entre otras, operaciones como el inconcluso acuerdo de separación, la compra y posterior venta de la torre HSBC, el abandono del proyecto de Walbrock en Londres y la fusión de la compañía con varias sociedades controladas por los Sanahuja).
Pero la información brilló por su ausencia y el consejo encabezado por Vitalino Nafría y Eduardo Paraja (ambos ya no están en Metrovacesa) concluyeron que no existían irregularidades en las gestiones anteriores, lo que hizo que la querella se extendiera a ellos. Ahora, son los consejos de los bancos están en el punto de mira.
El papel de la CNMV
Mientras, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido al juzgado de instrucción número 47 la documentación que en su día envió a la Fiscalía Anticorrupción sobre Metrovacesa a raíz de la denuncia presentada por los accionistas minoritarios.
El organismo supervisor ha enviado tres tomos con la documentación para que obren en poder del juez de instrucción, toda vez que las denuncias presentadas ante el juzgado y ante la Fiscalía Anticorrupción no cuentan con los mismos elementos.
La representación de los accionistas minoritarios quiere evitar que la causa se quede simplemente en el trabajo realizado por la Fiscalía, toda vez que considera que siempre se ha mostrado contraria a que la causa siguiera adelante (con el apoyo a su archivo incluido) y que sólo ha reaccionado cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar los hechos.
