El caso Metrovacesa, basado en la denuncia de accionistas minoritarios contra las antiguas cúpulas directivas de la compañía, se ha vuelto a poner en marcha después de que el juzgado encargado de su instrucción, el número 47 de los de Madrid, haya retomado la misma al no prosperar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional, que sigue un proceso paralelo.
La primera decisión del juez Adolfo Carretero ha sido iniciar una ronda de declaraciones, que comenzará con el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler, que comparecerán ante el juez en calidad de querellados. Ambos deberán desfilar ante el juez el próximo día 7 de junio, según consta en una providencia firmada por Carretero y fechada el pasado 13 de mayo.
Pero Rivero y Soler no serán los únicos en declarar en esta nueva fase del proceso. Siete días después están llamados por el juez el ex consejero delegado de la inmobiliaria Jesús García de Ponga y el actual jefe de asesoría legal, Manuel Liedo. En este caso, ambos declararán en calidad de testigos.
De acuerdo con la citada providencia, para el día 25 de junio están previstas las declaraciones, también como testigos, de Juan Delibes, actual consejero de Metrovacesa (que representa a Banesto); José María Fernández Conquero, también miembro en la actualidad del máximo órgano ejecutivo de la inmobiliaria (en representación de Banco Popular); y Raquel Bueno, directora de estrategia de Metrovacesa desde el año 2008.
Un quebranto de 1.680 millones
El proceso se reabrió después de que la sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid admitiera el recurso de apelación presentado por los denunciantes contra el archivo de la querella decretado en principio por el juez Carretero. En un contundente auto, los magistrados Pilar Oliván, Rosa María Quintana y Carlos Martín, que ejercía como ponente, consideran que el juez no examinó “en profundidad” los hechos relatados en la querella que, además, “tienen apariencia, prima facie, delictiva”.
Entre los hechos denunciados en la querella se incluyen las principales operaciones de la compañía desde 2007, incluyendo el acuerdo de separación pactado por Rivero y Soler y la familia Sanahuja (que por entonces pugnaban por el control de la inmobiliaria), y que quedó inconcluso entre otras cuestiones por la oposición del organismo supervisor de los mercados franceses (que intervino al estar involucrado en el acuerdo la cotizada gala Gecina).
Además, también se incluye el contrato de dación en pago por el que los Sanahuja cedieron a la banca acreedora su participación para saldar sus deudas con las entidades, y otras como la fallida compra de la Torre HSBC, el proyecto Walbrook y la OPA lanzada en su día por los Sanahuja sobre Metrovacesa.
De acuerdo con la querella, las operaciones habrían causado un quebrante económico a la compañía valorado en 1.680 millones de euros.
Además de la declaración de querellados y testigos, el juzgado de instrucción ha requerido a Metrovacesa abundante documentación sobre las operaciones, entre las que se incluye la compraventa y escritura pública de la Torre HSBC y del complejo Walbrook, actas de las últimas juntas, órdenes de transferencia desde Metrovacesa a Luxemburgo y Suiza durante los mandatos de los denunciados, así como los contratos del ex presidente Vitalino Nafría y el ex consejero delegado Eduardo Paraja.
