El ex presidente de Metrovacesa Román Sanahuja reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que actuó presionado por los bancos acreedores de la compañía cuando decidió desistir de llevar a cabo el desarrollo del proyecto Walbroock, en Reino Unido, una maniobra que provocó pérdidas de 180 millones de euros a la inmobiliaria.
El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha iniciado con la comparecencia de Sanahuja la instrucción del ‘caso Metrovacesa’, producto de una querella presentada por accionistas minoritarios de la inmobiliaria que acusan a los últimos consejos de administración de la empresa y a los bancos que actualmente son propietarios de la misma de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.
La adquisición del proyecto Walbroock y su posterior renuncia es una de las operaciones que se incluyen en la querella junto con el acuerdo de separación de la compañía, firmado en 2007 y la compra y posterior venta con fuertes minusvalías de la Torre HSBC en Londres.
También figura el contrato de dación en pago, por el que Sanahuja canceló la deuda que tenía con la banca acreedora (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankia) a cambio de la mayoría de sus acciones en la compañía ante la imposibilidad de hacer frente a los créditos concedidos en su día por los bancos, precisamente para adquirir la participación que poseía en la inmobiliaria, que llegó a superar el 80%.
Máximo accionista maniatado
En su comparecencia ante el juez, Sanahuja señaló que Metrovacesa se presentó a un concurso para llevar a cabo el desarrollo de Walbroock, aunque esta circunstancia aconteció bajo el mandato del anterior consejo de administración de la inmobiliaria, presidido por Joaquín Rivero, que también figura entre los querellados.
Tras ganar la adjudicación, Metrovacesa decidió, ya con Sanahuja de presidente, renunciar al proyecto, en una decisión que el empresario catalán achacó a la presión de la banca, pese a que, por entonces, él era no sólo el principal ejecutivo de la empresa sino también el accionista mayoritario.
Pese a que son numerosos los asuntos que se incluyen en la querella, Sanahuja apenas dio detalles sobre ellos toda vez que tan sólo respondió a las preguntas de su defensa y del Ministerio Fiscal, mientras que se negó a responder a la representación legal de los querellantes, en la persona del abogado José Luis Abascal, autor de la querella y las sucesivas ampliaciones que han dado lugar al caso.
Ausencia de Joaquín Rivero
Para este martes también estaba prevista la comparecencia precisamente de Joaquín Rivero, que comunicó unas horas antes que no acudiría al encontrarse su abogado fuera de España, una circunstancia que ha incomodado especialmente al juez Velasco, que ha decidido volver a citarle para la semana que viene, cuando también comparecerán Jesús García de Ponga, ex consejero delegado de Metrovacesa; y Pablo Usandizaga, antiguo secretario del consejo de la inmobiliaria bajo la gestión de Sanahuja.
La querella también afecta a los administradores que tomaron el relevo de Sanahuja tras el contrato de dación en pago, cuyo nombramiento fue propuesto por los bancos que tomaron el control de la empresa. Y alcanza igualmente a los consejos de estos bancos así como al consejo de Gobierno del Banco de España en la época en que se aprobó el contrato de dación en pago (bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Ordóñez), al tener demostrado que la banca contó con su aprobación para llevar a cabo esta maniobra.
Mediante este contrato, los bancos canjearon deuda por acciones de Metrovacesa a un precio de 57 euros por acción, sin que a los minoritarios se les diera la oportunidad de salir de la compañía en las mismas condiciones.
