El grupo de accionistas minoritarios de Metrovacesa que se querellaron contra los últimos consejos de administración de la inmobiliaria, a los que acusan de delitos como administración desleal y apropiación indebida, han ampliado la querella a los miembros de los consejos de las entidades financieras que controlan el capital de la compañía (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y Bankia), incluidos sus respectivos presidentes.
En concreto, ayer se presentó ante el juzgado número 47 de Madrid, encargado de instruir la causa, un escrito en el que se solicita la ampliación de la querella a los consejeros de los citados bancos y también a aquellos apoderados que firmaron el contrato de dación de pago que posibilitó el acceso de las entidades financieras al capital de Metrovacesa.
Se trata del acuerdo al que los bancos llegaron con la familia Sanahuja, anterior accionista de control de la inmobiliaria, para que hicieran frente al pago de la deuda que mantenía con los bancos a cambio de buena parte de sus acciones en la compañía.
En el escrito de ampliación de querella, de 27 páginas y elaborado por el abogado José Luis Abascal, los denunciantes exponen que el citado contrato de dación en pago dañó los intereses de los accionistas minoritarios de la compañía, toda vez que las entidades financieras adquirieron un porcentaje significativo de Metrovacesa a un precio de 57 euros por acción (cuando la cotización de la compañía se encontraba casi 20 euros por debajo) y no ofrecieron al resto de los socios de la empresa la oportunidad que sí otorgaron a los Sanahuja.
Acusaciones a la banca
La ampliación de la querella también considera que las citadas entidades financieras influyeron de forma significativa en la gestión de Metrovacesa incluso antes de formar parte de su accionariado debido a su condición de acreedores de la familia Sanahuja y a los serios problemas financieros por los que pasaba.
Los minoritarios culpan a los representantes que la banca nombró en el consejo de Metrovacesa, especialmente a los que fueran su presidente y consejero delegado, Vitalino Nafría y Eduardo Paraja, respectivamente, de permitir al ruptura del acuerdo de separación de la compañía, lo que privó a la inmobiliaria de recibir cerca de una treintena de edificios en Francia a cambio de su participación del 27% en la inmobiliaria gala Gecina, que aún mantiene.
Asimismo, consideran que el resto de accionistas no llegaron a conocer el contenido íntegro del contrato de dación en pago, hasta el punto de acusar a loa firmantes de no remitir la versión íntegra del mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Indemnización millonaria
Los accionistas de Metrovacesa solicitan al juez que tome declaración a los consejeros de los bancos y también ex consejeros de la inmobiliaria, entre los que destacan nombres como los de Santiago Fernández Valbuena (que representó en su día al fondo holandés PGGM), destacado directivo de Telefónica, e Ignacio López del Hierro (esposo de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal), que también formó parte del consejo de Metrovacesa.
Los querellantes solicitan además que los bancos aporten documentación sobre su actuación en Metrovacesa, como las cartas y acuerdos previos a la firma del contrato de dación en pago, detalles de la deuda que mantenía la familia Sanahuja con las entidades financieras e, incluso, las actas de los bancos que contengan decisiones sobre Metrovacesa. Igualmente piden que se les conceda una indemnización de 50 millones de euros por los daños ocasionados.
El ‘caso Metrovacesa’ archivado en principio por el titular del juzgado número 47, Adolfo Carretero, fue reabierto después de que la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid estimara el recurso presentado contra el archivo contra los denunciantes al estimar que los hechos recogidos en la querella “tienen apariencia, prima facie, delictiva”.
El juez Carretero llegó a retomar la ronda de declaraciones aunque posteriormente la suspendió a la espera de saber si puede inhibirse del caso en favor de la Audiencia Nacional, cuyo juzgado de instrucción número 6 lleva una querella de similares caracteristicas, aunque menos amplia y muy centrada en la gestión de los Sanahuja.
