El grupo minero del empresario Victorino Alonso ha sido el único de España que se ha quedado sin las ayudas públicas del Plan del Carbón. Ha perdido 50 millones de euros que le correspondían para mantener vivas sus minas, simple y llanamente, porque no se ha comprometido a pagar las cuotas a la Seguridad Social que adeuda.
Según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas al Ministerio de Industria, ni Coto Minero Cantábrico ni Uminsa han pedido un aplazamiento del pago de las cuotas adeudadas ni se han comprometido a abonarlas en un futuro en el recurso de reposición que presentaron ante el Consejo de Ministros después de que éste les denegara las ayudas a finales de febrero pasado.
Al seguir incumpliendo la Ley de Subvenciones por el impago a la Seguridad Social, el Consejo de Ministros no ha podido desbloquear esas ayudas, señalan estas fuentes.
Hunosa y Hullera Vasco Leonesa desbloquearon sus ayudas al comprometerse a pagar las cuotas a la SS
Sin embargo, las otras dos compañías que se quedaron fuera de las ayudas en febrero, la estatal Hunosa y la Hullera Vasco Leonesa, en sus recursos de reposición, sí pidieron el aplazamiento de los pagos, con el compromiso de que lo harán más adelante.
De hecho, después de conceder las ayudas a Hunosa, el Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes subvenciones por valor de 15,5 millones para Hullera Vasco Leonesa.
Pero Coto Minero, a la que le correspondían 19,8 millones del Plan del Carbón, y Uminsa, que se habría llevado 29,3 millones, se han quedado sin esas pingües subvenciones que permitirían la subsistencia de unas minas que emplean a casi 2.000 trabajadores.
El empresario ha amenazado al Gobierno con dejar caer a las dos empresas y sus 2.000 empleados
Según las fuentes consultadas, Victorino Alonso ha tensando la cuerda con el Gobierno para provocar esta situación, que se habría evitado con una simple petición de aplazamiento de pagos.
El objetivo final del empresario es forzar la intervención del Estado para rescatar las dos mineras privadas más grandes de España, que desde marzo pasado están en preconcurso de acreedores. Alonso ya ha amenazado al Gobierno y a sus trabajadores de que si no llegan las ayudas, las compañías presentarán concurso de acreedores el 7 de julio.
Fuentes oficiales del Grupo Alonso afirmaron a Vozpópuli que “no tiene sentido que se deniegue la friolera de 50 millones de euros por un impago de sólo 270.000 euros (Uminsa debe 200.000 euros y Coto Minero, 70.000). Estos recargos, que nos llegaron en febrero pasado, corresponden a 2010, pero nosotros estamos en periodo voluntario de pagos y aún así nos han denegado las ayudas”.
El grupo Alonso culpa ya al Gobierno de provocar el desempleo de casi 2.000 mineros al no dar las ayudas, pero éstos se han rebelado contra el empresario y han comenzado las movilizaciones en las cuencas mineras. Unos 80 de ellos llevan cuatro meses sin cobrar.
Otro de los conflictos abiertos entre el grupo y el Gobierno es la desaparición de 500.000 toneladas de carbón pertenecientes al grupo público Hunosa, que ha demandado a las supuestas responsables, las dos empresas de Alonso. En su descargo, fuentes de la empresa señalan que un perito ha determinado que no se produjo ese supuesto robo de carbón.
Las fuentes consultadas advierten que Alonso quiere “cargar al Gobierno con el muerto de aguantar el posible cierre de estas instalaciones y el consiguiente conflicto social por el futuro de sus casi 2.000 empleados”, ante el negro futuro del sector en España por el fin de las ayudas públicas en 2018.
CCOO dio anoche el primer paso al pedir al Ejecutivo que intervenga las minas de Alonso
Y la estrategia ya está funcionando. Este martes a última hora de la tarde, la Federación de Industria de CCOO pidió al Gobierno que intervenga "de manera inmediata" las empresas Coto Minero del Cantábrico y Uminsa, ya que el proceso concursal "dejaría a sus trabajadores en una situación de total indefensión".
Es éste el objetivo final que persigue Alonso, para evitar él asumir el coste económico y moral de dejar a 2.000 personas en el paro y poner la primera piedra del proceso de cierre que se avecina en los próximos años para aquellas compañías no rentables, concluyen las fuentes consultadas.
CCOO alertó también este martes de que hace meses que los trabajadores de ambas empresas sufren decisiones que tratan de imponer un régimen laboral y salarial "inadmisible para el sector de la minería del carbón", informa Europa Press.
