La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha planteado en los últimos días la posibilidad de que otra gran constructora española entre en el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr y que afronta un grave problema de liquidez a causa de los sobrecostes de la ampliación del Canal. Para evitar que la situación llegue a mayores y el consorcio pueda perder el contrato, Fomento sondeó a los grandes grupos para conocer su disponibilidad. Sin embargo, esta solución a la desesperada no cuenta con ningún apoyo en el sector.
Para tratar de llevarla a cabo, Pastor contactó con Seopan, la patronal de las grandes constructoras, a la que pertenece la propia Sacyr. El Ministerio de Fomento quería saber si alguno de estos grupos se plantearía la posibilidad de entrar en el consorcio en sustitución de la italiana Impregilo, cuyas actuaciones han contribuido a dinamitar definitivamente las negociaciones entre GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
De hecho, Moncloa había coordinado una serie de actuaciones para buscar un sustituto para Impregilo, que desde la consecución del preaviso de paralización de obras del Canal ha actuado por su cuenta, hasta el punto de publicar una propuesta de acuerdo con la ACP por su cuenta y de no acudir a la importante reunión que tuvo lugar el pasado jueves con la autoridad canalera, en la que sí estuvieron presentes las otras tres empresas de GUPC (Sacyr, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa).
Según fuentes del sector, la ministra Pastor llegó a proponer personalmente la solución a algunos de los presidentes de las compañías, aunque el mensaje llegó oficialmente a todos a través de Julián Núñez, presidente de Seopan. La propuesta contemplaba incluso la posibilidad de que los grupos interesados se plantearan tomar también la participación de Sacyr en el caso de que fuera necesario.
Arriesgada inversión
Sin embargo, la respuesta no pudo ser más unánime… ni más negativa. Ninguno de los presidentes que recibieron la sugerencia dio un paso al frente, especialmente debido a lo complicado de la situación en Panamá. El consorcio reclama sobrecostes por valor de 1.600 millones de euros y la propuesta de la ACP consiste en una inyección de 100 millones de dólares, que tendría que replicar el consorcio, más una moratoria para devolver parte de los anticipos.
“Cualquier compañía que entrara en el consorcio tendría que poner encima de la mesa un dinero del que, ahora mismo, no dispone casi ninguna”, indicaron a Vozpópuli desde una de estas empresas. La mayoría de los grandes grupos del sector está en el proceso justamente contario, es decir, en el de aligerar deuda, fundamentalmente a través de la venta de activos.
Además, el movimiento habría que llevarlo a cabo en un escenario especialmente delicado. Hoy mismo vence el plazo dado por el consorcio para alcanzar un acuerdo sobre el pago de los sobrecostes con la ACP. De no haberlo, y por el momento ni siquiera está cerca, el lunes se detendrían por completo los trabajos de ampliación del Canal en lo que al contrato de GUPC se refiere, el de la construcción del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica.
Esta circunstancia podría suponer la rescisión del contrato por parte de la ACP, que ya se ha mostrado en reiteradas oportunidades dispuesta a asumir los trabajos, cuyo avance está cerca del 70%, para concluir las obras en el menor tiempo posible. El administrador principal del Canal, Jorge Quijano, volvió a pronunciarse en este sentido este sábado.
Aprovechando su presencia en un acto lúdico en torno al Canal, Quijano señaló que mañana lunes comprobarán si el consorcio ha tomado la decisión de parar las obras. Si esto es así, tratarán de que la detención sea por el menor tiempo posible.
A vueltas con el viaje de Pastor
Además de lo complicado de la situación, en el resto de grandes constructoras tampoco fue especialmente bien recibido el largo viaje de Ana Pastor a Panamá para tratar de mediar en el conflicto. La ministra estuvo en el país centroamericano durante tres días casi completos tratando de solventar la papeleta del consorcio.
El sector no está especialmente contento con Fomento por esta cuestión y otras como la manera de enfocar el problema de las autopistas de peaje en quiebra, además del ya consabido derrumbe de la inversión en obra pública. Este ambiente tampoco ha sido el más propicio para que las compañías vieran con buenos ojos el ofrecimiento de Pastor.
