La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha elaborado una hoja de ruta para la implantación de un sistema de pago por utilización de las carreteras, documento que está siendo analizado por el Ministerio de Fomento. El departamento busca desde hace varios meses una fórmula para obtener una serie de ingresos que permita costear el mantenimiento de la red viaria y poder así destinar a la reducción del déficit los cerca de 1.000 millones que se destinan cada año a este menester.
De acuerdo con la propuesta de la institución, que agrupa a los diversos actores inmersos en el sector de la carretera (desde empresas constructoras a las señalizadoras, pasando por la patronal de las autopistas de peaje), el Gobierno podría llegar a ingresar algo más de 9.250 millones de euros si estableciera el sistema en todas las vías de gran capacidad y las convencionales paralelas y para todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados.
La hoja de ruta elaborada por AEC propone unas tasas de entre 7 y 23 céntimos por kilómetro para vehículos pesados y de entre 2 y 12 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros. En ambos casos, la fluctuación iría en función del tipo de vehículo y su eficiencia ambiental. La implantación propuesta afectaría en una primera etapa sólo a los vehículos pesados (de más de 3,5 toneladas) para posteriormente pasar a ser global. En esa primera etapa, los ingresos se irían por encima de los 3.000 millones de euros.
El Estado tendría además la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios si decidiese externalizar, en forma de concesión, la explotación del sistema de cobro por uso de la red viaria. En concreto, estos ingresos se estiman en unos 14.000 millones de euros adicionales.
Inversiones iniciales de 2.000 millones
Eso sí, el sistema tendría un elevado coste. El documento, que cita cálculos realizados por Aseta, la patronal de autopistas de peaje, estima que las inversiones iniciales para ponerlo en marcha se situarían en torno a los 2.000 millones de euros, mientras que los costes de su explotación se aproximarían a los 400 millones de euros anuales.
El documento no se pronuncia sobre los sistemas tecnológicos a aplicar aunque el de los pórticos ha sido el más implantado en toda Europa. Sin embargo, sí hace hincapié en los aspectos sociales de la puesta en funcionamiento del sistema, con lo que aboga por que los dispositivos que los usuarios deberían llevar a bordo sean subvencionados.
La AEC deja en su propuesta la puerta abierta a implantar el sistema también en los núcleos urbanos, una media que, además de repercutir en los ingresos de la Administración, también lo haría en aspectos como la gestión del tráfico y la reducción de las cotas de contaminación.
La institución cuenta con más de 60 años de vida y está presidida desde 2004 por Miguel Muñoz, quien fuera director general de Tráfico entre 1988 y 1996. Entre sus antecesores se encuentran personajes ilustres como Juan de Arespacochaga, que dejó el cargo en 1976 cuando fue designado alcalde de Madrid.
Por el momento, el Gobierno continúa analizando las diversas alternativas, lo que ha hecho que los planes de implantar la medida antes de que finalizara el año no hayan podido ser llevados a cabo. Algunas administraciones públicas, como la Comunidad de Madrid, también han trabajado intensamente en planes para cobrar por el uso de las autovías aunque la mayoría de las propuestas recomiendan una implantación global para aumentar su efectividad y evitar agravios.
