Hace aproximadamente un año, el Gobierno negociaba contrarreloj con la banca un acuerdo para cerrar definitivamente el plan de rescate de las concesionarias de autopistas de peaje en quiebra. Se trataba de evitar que los concursos de acreedores solicitados por las compañías llegaran hasta su fase de liquidación y el Estado tuviera que afrontar una deuda cercana a los 4.000 millones de euros. Doce meses después y a poco más de seis para que finalice la legislatura, la situación sigue enquistada entre tribunales y recursos de los acreedores extranjeros y del rescate ni se ha vuelto a hablar.
Pero eso no significa que el problema haya desaparecido. Para el segundo semestre de este año se prevé que al menos cinco de las concesionarias quebradas entren en fase de liquidación. De ser así, la deuda que tendría que afrontar el Gobierno, a través del esquema de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), pondría en serio peligro el objetivo del déficit marcado desde Bruselas.
El plan presentado por el Ministerio de Fomento para la sociedad Accesos de Madrid (responsable de las radiales R-3 y R-5), que pretendía ser empleado para el resto de concesionarias en apuros, fue rechazado por los jueces de lo Mercantil pode diversos defectos, entre ellos, no haber sido aprobado por el Consejo de Ministros ni contar con el apoyo de los trabajadores.
Los tribunales dieron un plazo de tiempo al Gobierno para perfeccionar el plan pero, por el momento, la noticia es que no hay noticia.
El bloqueo de la banca extranjera
El plan que el Gobierno diseñó tras arduas reuniones con la banca consiste en que el Estado afronte la deuda de las concesionarias tras realizar una quita del 50%. El resto se asumiría a través de la emisión de un bono a 30 años con un interés que podría variar en función de la evolución del tráfico de las vías. Este último punto fue el que más recelo provocó en los bancos nacionales, aunque poco comparado con el que generó en la banca extranjera que, directamente, rechazó el plan y lo tiene prácticamente bloqueado.
También el año pasado, aproximadamente por estas fechas, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió tomar las riendas del asunto personalmente para dar un golpe de efecto y solventar de una vez un problema que llevaba demasiado tiempo enquistado y en el que el Gobierno se juega mucho.
Pero el efecto fue demasiado limitado. La número 2 del Ejecutivo no resolvió el problema de las reticencias de la banca internacional y tampoco consiguió cambiar el discurso del Ministerio de Fomento: seguir adelante con los planes e insistir en que la única vía para proceder al rescate será la que “no cueste ni un euro a los españoles”.
El reloj corre a favor de Moncloa
En ‘petit comité’, la ministra Ana Pastor sostiene que el paso del tiempo favorece al Gobierno, toda vez que cuanto más pase la RPA se reduce. Y, además, los tráficos de las autopistas en situación de quiebra se están incrementando a buen ritmo durante los primeros meses de 2015 como consecuencia de la mejora de la situación económica en general.
El asunto, planteado como absolutamente capital a mediados del pasado año, ha pasado ahora a un segundo plano con el riesgo de que le estalle en las manos al Ejecutivo en plena recta final de la legislatura.
La frenética actividad en el Ministerio de Fomento se ha basado en la privatización de AENA, lograda finalmente tras una serie de retrasos provocados básicamente por luchas intestinas en el seno del Gobierno, y la liberalización del transporte de viajeros por línea férrea, que también corre peligro de no cumplir con los plazos inicialmente previstos.
