Uno de los proyectos de alta velocidad ferroviaria actualmente en construcción, el que prevé unir Sevilla con Almería y las capitales de provincia andaluzas situadas en el recorrido, está bajo la lupa de la Comisión Europea por cuestiones medioambientales. Bruselas ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque el proyecto, cuya construcción ya se ha iniciado, no cuenta con los preceptivos informes de impacto medioambiental.
En este proyecto de trazado de alta velocidad trabajan tanto el Ministerio de Fomento como la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico se comprometió a llevar a cabo el tramo que conecta la localidad sevillana de Marchena, a poco más de 50 kilómetros de la capital, con el municipio malagueño de Antequera. El resto del trazado hasta Almería le corresponde a Fomento.
Según la Comisaría europea de Medio Ambiente, el proyecto se inició sin tener en cuenta el impacto medioambiental para la zona, especialmente en lo que se refiere a las campiñas de Sevilla, área de gran importancia para la conservación de las aves y que está protegida desde hace años tanto por la legislación española como por la comunitaria.
"El proyecto no debió aprobarse"
La clave de la denuncia que recaerá sobre el Estado es que cuando se iniciaron los trabajos para la construcción de la línea de alta velocidad, España no había concedido a la zona el estatus de protección especial, pese a las indicaciones en este sentido de la Comisión Europea.
El caso fue llevado a los tribunales europeos, que dictaron una sentencia favorable a la concesión de dicho estatus. Pero para entonces las obras ya habían dado comienzo y sin los informes de impacto medioambiental requeridos por la nueva situación.
“Tal y como se presentó el proyecto no habría debido aprobarse ya que está causando un deterioro del hábitat y una perturbación de las aves protegidas, situación que podría acentuarse si la línea ferroviaria de alta velocidad se pusiera en funcionamiento”, reza un comunicado de la Comisión Europea.
