En menos de diez días los grandes grupos constructores deberán presentar ante el Ministerio de Fomento las alegaciones a los planes en los que trabaja el Gobierno para intentar solventar la situación de las numerosas concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores o en una delicada situación financiera.
El departamento que encabeza Ana Pastor ha dado de plazo hasta el 31 de mayo para realizar esas alegaciones, de las que se desprenderá un fuerte rechazo, especialmente a la valoración concedida a la sociedad, de apenas 608 millones de euros, y la participación que tendrán las compañías, un máximo del 20%.
En los próximos días, las constructoras articularán las alegaciones a través de la patronal Seopan, que trasladará a Fomento la postura de las compañías. Ésta se basará en que las cifras que se barajan en torno a la nueva sociedad pública apenas cubre el 10% de las inversiones que han llevado a cabo ya las concesionarias de infraestructuras en aquellas vías que ahora se encuentran quebradas o en graves dificultades financieras, y que asciende a más de 1.500 millones de euros.
Fuentes del sector apuntan a que las previsiones de tráficos para los próximos años pone de manifiesto igualmente la insuficiencia de los planes de Fomento. “Desde luego, acuerdo no va a haber en ningún caso a no ser que las circunstancias cambien mucho”, aseguran dichas fuentes.
Desafío al Gobierno
Las reclamaciones de las constructoras no impedirán que el Ministerio siga adelante con su programa y la creación de la sociedad pública de autopistas, más allá de que los grupos afectados puedan amenazar con llevar a las concesionarias en concurso a la liquidación, lo que obligaría al Estado a reponer las inversiones realizadas como responsable último de las infraestructuras.
Todo dependerá de que las empresas afectadas por la situación sean capaces de definir posturas comunes y plantear una alternativa desafiante a un Ministerio que, por otro lado, ha mostrado en múltiples oportunidades una actitud dialogante.
Las compañías plantearán, entre otras cuestiones, que la estrategia de Fomento supone poco menos que un expolio a las concesionarias, afectadas por los sobrecostes de las expropiaciones que, en su día, fueron bendecidos por los tribunales y la caída de los tráficos como consecuencia de los efectos de la crisis.
Casos especiales
Algunos casos también se han visto perjudicados por circunstancias excepcionales, como ha sido el de la AP-41 (Madrid-Toledo), en cuyo pliego de condiciones se especificaba la conexión con otra futura vía que prolongaba la autopista hasta Córdoba y que quedó en el limbo.
En cualquier caso, los próximos días serán claves para el sector de las concesiones de infraestructuras, toda vez que el plazo dado a las compañías para presentar sus alegaciones es reducido. El tiempo juega en contra de todos, toda vez que algunas de las concesionarias ya lleva más de un año en concurso de acreedores, a la espera de que llegue una solución que se ha demorado demasiado en el tiempo.
