El Gobierno tenía en la modificación de la Ley de Hidrocarburos una oportunidad (no la única) para intervenir en el mercado de las gasolinas, con medidas para introducir más competencia y minar el oligopolio de las petroleras, pero ha optado finalmente por no atacar este polémico problema.
Ministros como Luis de Guindos (Economía) y el propio José Manuel Soria (Industria), impulsor de la modificación de esta ley, han criticado en las últimas semanas el efecto pluma por el que las petroleras bajan el precio de las gasolinas mucho más despacio de lo que lo hacen las cotizaciones internacionales del crudo y de los combustibles, mientras siguen aumentando sus márgenes brutos.
Algunos expertos del sector pensaban que el Ejecutivo podría incluir en la nueva Ley de Hidrocarburos, que el miércoles recibió el visto bueno de la Comisión de subsecretarios y hoy será debatida en el Consejo de Ministros, algunas medidas para romper el oligopolio de este mercado y la dinámica de supuestos pactos de precios entre petroleras para que no sea atractivo cambiar de gasolinera. El propio Guindos había apuntado a que las compañías del sector debían trasladar con más celeridad la bajada del crudo (ya cotiza por debajo de 65 dólares) a sus gasolineras en lugar de aprovechar esta situación para “engrosar sus márgenes”.
Guindos ha sido duro con las petroleras instándolas a que destinen la bajada del crudo a reducir los precios de las gasolinas y no a "engrosar sus márgenes"
Y de hecho, según ha podido saber Vozpópuli, Moncloa pidió un informe de situación sobre este tema a Industria, que ha llegado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ha sido analizado.
Pero ahí se ha quedado la cosa. El Gobierno no se ha atrevido a aprovechar la ventana que le da la Ley de Hidrocarburos para atacar el poder y las prácticas de las petroleras. La modificación de la Ley incluye medidas para incentivar el fracking y mejorar los ingresos fiscales de aquellas comunidades autónomas y municipios en cuyos territorios o aguas se encuentre petróleo o gas.
Según las fuentes consultadas, la nueva norma facilitará la práctica de extracción de crudo y gas no convencionales mediante la fractura hidráulica (fracking) y definirá las competencias de cada Administración en la concesión de los permisos y la gestión de los tributos por esta actividad.
Moncloa llegó a pedir un informe sobre la situación del mercado de las gasolinas, que se vio en Comisión Delegada, pero el Ejecutivo ha preferido no atacar ahora el problema
La idea del Gobierno es fijar un nuevo impuesto del entorno del 8% que grave la extracción de hidrocarburos en España, con el objetivo de que las zonas en las que se produzcan sean las que más se beneficien del posible éxito de las prospecciones.
Una medida esta, consensuada entre Industria y Hacienda, que va dirigida al fracking, pero sobre todo a Canarias. Repsol ya ha comenzado las prospecciones en las aguas atlánticas frente a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, gracias al respaldo del Gobierno central, pero con la frontal oposición del Ejecutivo canario, de la mayor parte del arco parlamentario en Madrid, de los grupos ecologistas y de la mayoría de la ciudadanía canaria.
El Ejecutivo quiere hacer un guiño a Canarias con la introducción del nuevo tributo, que según Canarias7, de cumplirse las estimaciones de Repsol, podría reportar a las islas unos ingresos de 400 millones de euros.
El Ejecutivo esperará a que la CNMC concluya los expedientes abiertos por los supuestos abusos de las petroleras para actuar posteriormente
Mientras tanto, el mercado de los combustibles tendrá que esperar, pese al revuelo provocado por el último informe de la CNMC que constata que los márgenes brutos de las petroleras siguen disparados (+5,1% sólo en octubre), mientras la gasolina 95 bajó sólo un 3,4% en octubre, frente a la caída del 9% de su precio internacional de referencia.
En el caso del gasóleo A, el promedio mensual de cotización internacional en el que se basan los precios españoles cayó un 6,9%, pero este combustible sólo bajó en España un 3%.
El Gobierno quiere esperar a enero o febrero, meses en los que la CNMC, previsiblemente, concluirá los expedientes abiertos contra las petroleras por supuestos pactos de precios y abuso de poder de dominio en el mercado de las gasolineras.
Si se constatan esos abusos y malas prácticas, y la CNMC impone severas multas a las compañías, el Ejecutivo quizá entonces se verá obligado a intervenir.
