El Banco de España ha abierto una investigación para conocer si existe algún tipo de conducta delictiva de la antigua cúpula de Novagalicia, tanto en el inicio de la gestión del nuevo banco, antes de que asumiera la gestión José María Castellano, como en las dos antiguas cajas gallegas, según aseguran fuentes del sector. El organismo que dirige Luis Linde lleva varias semanas realizando el estudio desde el interior de la propia entidad.
Una de los principales puntos de la investigación son las millonarias prejubilaciones que percibieron los exdirectores José Luis Pego, Javier García de Paredes, el expresidente Julio Fernández Gayoso y los ejecutivos Gregorio Gorrirán Laza y Óscar Rodríguez Estrada. Este grupo de directivos se embolsó más de 20 millones de euros en su salida de la entidad a finales de 2011.
El supervisor aún no ha determinado si presentará una demanda, como ha sucedido en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como denunciante, para que este grupo de ex directivos tenga que devolver sus prejubilaciones para reducir la factura del dinero europeo. "La investigación sigue su curso y hasta que no esté finalizada no se adoptará ninguna decisión. Las prejubilaciones son una parte importante del proceso pero existen sospechas de estafa, apropiación indebida y administración desleal", señalan estas fuentes.
La intención del supervisor, según confirman las fuentes, es replicar el proceso que ha seguido en el Banco de Valencia. En este caso, el Banco de España ha abierto un expediente sancionador a la entidad valenciana convencido de que existen claros indicios de delito en la gestión de la entidad.
Hasta el momento, el Banco de España había mostrado una actitud reacia a iniciar cualquier tipo de averiguación sobre la legalidad de las prejubilaciones cobradas por parte de la anterior cúpula de las cajas gallegas. En un primer momento, el supervisor negó que conociera el importe de estas retribuciones porque la competencia en esta materia corresponde a las comunidades autonómas.El Banco de España ha abierto un expediente regulador al Banco de Valencia convencido de que existen claros indicios de delito en la gestión de los antiguos dirigentes
