Cristina Narbona, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha considerado que las prácticas regulatorias para analizar la solicitud de renovación de la central de Garoña (Burgos) han sido “incumplidas” por el mismo, en tanto que el operador solicita permiso para 17 años, con un estudio de seguridad limitado a 10.
La consejera socialista así lo ha expuesto en el voto particular con el que el pasado miércoles se opuso en el pleno del consejo a la aprobación de la instrucción técnica con nuevos requisitos de seguridad para estudiar la renovación de la central, parada desde diciembre de 2012 por decisión de la operadora Nuclenor -participada por Endesa e Iberdrola-, según informa Efe. El voto de Narbona está relacionado con el contexto en el que se plantean, para operar la central 17 años más, hasta los 60 años de explotación, y no con los requisitos de seguridad.
La solicitud llevada a cabo por Nuclenor es “inédita” en la historia del CSN dado que “nunca un titular había pedido una autorización de operación de una central por más de 10 años y nunca antes se había planteado la explotación de un reactor hasta los 60 años”.
Nuclenor busca así explotar la central de Garoña 17 años más con un análisis de seguridad que estaría limitado a 10 años, y tal y como recuerda la Narbona “no son las mismas las condiciones a cumplir para operar 17 años que 10”.
La consejera destaca el hecho de que el consejo esté “disociando” la evaluación técnica de la seguridad de la planta por 10 años, tiempo exigido para la realización de revisiones periódicas de seguridad, con la autorización de explotación hasta 2031.
La exministra de Medio Ambiente, en su propuesta de actuación alternativa, recuerda también que el reactor de Garoña, “hermano” del accidentado en la central japonesa de Fukushima, “no ha realizado ninguna mejora ni aplicando las instrucciones técnicas complementarias del CSN adaptadas a las pruebas de resistencia europeas”.
Los nuevos requisitos de seguridad para renovar a Garoña salieron adelante en el Pleno del CSN con los votos a favor de los dos consejeros propuestos por el PP, el de CIU y el de una de las dos socialistas en el Consejo, Rosario Velasco, que votó a favor a pesar de que su partido registró hace 15 días una proposición no de ley para que España abandone gradualmente la energía nuclear.
