No se conocen precedentes de que un Gobierno se chive a la Comisión Europea para acusarse a sí mismo de dar ayudas de Estado ilegales a un sector empresaria, y menos aún que esto se haga con el único objetivo de impedir que los cientos de recursos, denuncias y arbitrajes presentados contra su política antirrenovable dañen su imagen en un año eminentemente electoral.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha jugado sus bazas en este perverso juego y no con mucho tino, a la vista de la deriva que ha tomado el proceso. Un grupo de europarlamentarios de formaciones como Podemos, PSOE, PNV, Compromís, IU, Iniciativa per Catalunya-Verds, Nueva Izquierda catalana y hasta el vicepresidente del Comité de Industria y Energía (ver carta adjunta) han firmado una dura misiva dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en la que acusan al Gobierno español de promover interesadamente la apertura de un expediente para investigar si las primas a las energías verdes son ayudas de Estado con el único objetivo de paralizar los más de 400 recursos presentados ante el Supremo y los 15 arbitrajes internacionales contra el hachazo renovable aplicado en 2014.
El argumentario de la carta es demoledor y denuncia los intereses espurios, a juicio de los europarlamentarios firmantes, por los que se mueve Moncloa. "Los propósitos del Gobierno español al provocar este procedimiento (apertura por parte de la Comisión de examen preliminar de ayudas de Estado respecto al régimen retributivo de las renovables en España) son sembrar dudas sobre el sistema de apoyo implantado en España hasta 2014 e imposibilitar la revisión por parte de los tribunales nacionales y los arbitrajes internacionales de una norma que ha generado una gran contestación por parte de la comunidad renovable en España, Europa y el resto del mundo", señala la misiva sellada por Ernest Maragall, Urbán Crespo, Izaskun Bilbao y Ernest Urtasun, entre otros parlamentarios europeos.
Los europarlamentarios Urtasun, Maragall, Crespo y Bilbao, entre otros, han firmado la misiva que pide el archivo del procedimiento de examen preliminar abierto.
La carta se refiere al chivatazo dado por el Ministerio de Industria y Energía que lidera José Manuel Soria, con el apoyo del Comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura con Rajoy, para que Bruselas investigue si las retribuciones renovables pagadas en España desde la pasada década son constitutivas de una infracción de ayudas de Estado encubiertas.
"Como usted (Juncker) conoce, el Gobierno español no comunicó a la Comisión el nuevo régimen retributivo con anterioridad a la aprobación de las normativas ahora investigadas, sino que esperó a la aprobación del Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 (las normas que establecieron un recorte de 3.000 millones de euros anuales en la retribución a las renovables) y a la subsiguiente interposición de centenares de recursos contencioso-administrativos frente a las mismas, amén de numerosas (15) demandas de arbitrajes internacional por vulneración de los principios recogidos en la Carta de la Energía, para proceder a la comunicación formal", denuncia los diputados europeos, que no dudan que "el Gobierno está aprovechando este procedimiento de examen preliminar para intentar la suspensión de la tramitación" de todos los procesos, recursos y arbitrajes en marcha.
Soria y su equipo están introduciendo aún "más inseguridad jurídica que la ya creada" por el cambio de las reglas del juego con carácter retroactivo, denuncian los firmantes, y están haciendo un "uso dilatorio" para evitar que los procesos abiertos dañen la imagen nacional e internacional del Gobierno a pocos meses de las elecciones generales.
La misiva solicita a la Dirección General de Competencia de la Comisión que "resuelva este procedimiento a la mayor brevedad posible" porque el simple hecho de haberlo abierto supone "un peligroso precedente sobre la seguridad jurídica de las inversiones" en la UE, máxime cuando desde Bruselas ya se analizaron los casos de Estonia, Alemania y Francia, similares al español, y todos ellos "fueron considerados compatibles con el mercado interior".
La carta supone una vuelta de tuerca más en una batalla en la que el Ejecutivo español cada vez está más acorralado. Este mismo lunes, el Tribunal Supremo rechazó la petición de la Abogacía del Estado para que paralizase todos los contenciosos abiertos y esperara a que la Comisión tomara una decisión sobre si las primas renovables son ayudas de Estado o no.
Portazo del Alto Tribunal a la estrategia de Industria. En paralelo a este varapalo, fuentes jurídicas comunitarias consultadas avanzan que el proceso abierto en Bruselas "previsiblemente será archivado". Mientras tanto, el Supremo prosigue con sus pesquisas para pronunciarse sobre los contenciosos en marcha, pese a que el Ministerio ha dilatado los procesos o se ha negado a facilitar la documentación exigida.
