La Comisión de Industria, Investigación y Telecomunicaciones del Parlamento Europeo dio este martes un paso hacia la creación de un verdadero mercado único en materia de telecomunicaciones al poner fecha de caducidad al abuso de la denominada itinerancia o 'roaming' (cargos extra por el uso del teléfono móvil en el extranjero), cuya prohibición total para las llamadas en países de la UE propuso para el 15 de diciembre del próximo año, seis meses antes de lo previsto inicialmente por la Comisión Europea.
La medida, incluida en un proyecto de ley para proteger la neutralidad de la red en el que actuó como ponente la eurodiputada y exministra del PP Pilar del Castillo, se aprobó por 30 votos a favor, 12 en contra y 14 abstenciones y previsiblemente será ratificada los próximos 2 y 3 de abril por el Pleno del Parlamento Europeo.
Aunque fuentes del Parlamento Europeo dan por hecho que “a partir del 15 de diciembre de 2015, llamar con un móvil desde el extranjero y enviar un mensaje o un correo electrónico no costará más caro que hacerlo desde casa”, la aprobación definitiva de ese paquete legislativo en el Europarlamento no significa, ni mucho menos, que la propuesta vaya aplicarse de manera automática.
La comisaria Kroes confía en un acuerdo con los gobiernos antes de final de año
La razón es la cercanía de las próximas elecciones europeas del 25 de mayo, que dará lugar a una nueva composición del Parlamento Europeo que se encargue de negociar la implantación de la prohibición del 'roaming' con los ministros de telecomunicaciones de los Gobiernos nacionales a lo largo de la próxima legislatura, un acuerdo que la comisaria europea del ramo, Neelie Kroes, confió no obstante en que se produzca antes de final de año.
El 'roaming' tiene poderosos defensores, empezando por gigantes del sector como Telefónica, France Telecom o Deutsche Telekom, que critican su desaparición con el argumento de que reducirá sus ingresos y se traducirá en un recorte de las inversiones necesarias para desplegar las nuevas redes de fibra óptica.
La propuesta aprobada este martes permite además que la Comisión Europea elabore directrices para “casos excepcionales” en los que se permitiría a las empresas aplicar tarifas de itinerancia para “proteger a las empresas de telecomunicaciones” frente al "uso anómalo o abusivo del mercado los servicios de itinerancia". “En cualquier caso, las tarifas aplicadas tendrían que estar por debajo de los límites marcados por la legislación europea vigente”.
