El Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto un nuevo frente contra CiU en particular, y contra Cataluña en general. El Ministerio de Industria y Energía prepara un severo hachazo al poderoso sector industrial catalán que va directo al corazón del partido soberanista, que es el que lo ha defendido a capa y espada en Madrid en el trámite parlamentario de la Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre.
Es un golpe directo a Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, que al frente de su grupo consiguió colar en el Senado unas 15 enmiendas a esta polémica Ley a la que se opuso la mayoría del arco parlamentario y que salió adelante gracias al rodillo de la mayoría absoluta. Una de ellas, aceptada por el PP, permitía rescatar las inversiones en cogeneración paralizadas en 2012 y la aprobación de un plan Renove para esta industria.
Fue un gran logro de CiU que aplaudió todo el sector. Pero poco más de un mes después de tal 'hazaña', el ministro José Manuel Soria y su temido secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han sacado adelante una propuesta de Orden Ministerial para fijar la retribución al Régimen Especial, que establece un recorte general para todas las tecnologías verdes de más de 2.000 millones de euros.
Sectores como el agroalimentario, el químico, el automóvil, las refinerías o el papelero, muy presentes en Cataluña, los más dañados por el ajuste a la cogeneración
El ajuste ha levantado en armas a todo el sector renovable (especialmente al eólico y fotovoltaico, los más afectados), pero también a la cogeneración, que no es renovable propiamente dicha pero recibe primas por contribuir a la lucha contra el cambio climático y estar ese Régimen Especial.
Y buena parte de la gran industria catalana (automóvil, química, refinerías, agroalimentario, papeleras…) cogenera, ya que aprovecha la generación de calor sobrante de sus procesos industriales para producir electricidad.
El 20% del sector cogenerador (unas 200 industrias sobre un total de 1.000) es catalán y confiaba en que el PP mantendría la misma línea de actuación que en el proceso parlamentario de la Ley y no se ensañaría en una industria tan generadora de empleo, señalan las fuentes del sector consultadas.
El sector se queja de que en la propuesta de Industria ninguno de los modelos establecidos para fijar la rentabilidad se corresponde con el negocio de la cogeneración
No ha sido así. "El recorte a la cogeneración va a ser muy fuerte", añade una fuente del sector. "Industria ya recortó 650 millones de euros a toda la cogeneración en 2013 y el temor que tenemos ahora es que no nos vemos reflejados en ninguno de los modelos presentados, no hay un parámetro retributivo ni una instalación tipo que se adecue a nuestra industria", añade la fuente afectada.
En juego hay 200.000 empleos y unos 7.000 megavatios instalados, repartidos por Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y Andalucía, principalmente. La patronal Acogen aún no ha sido capaz de calcular el impacto económico que los recortes tendrán en la industria, porque los modelos utilizados no son aplicables, a su juicio, a este tipo de instalaciones.
Fuentes oficiales de CiU no quisieron ayer valorar la propuesta de Industria, pero el malestar en las filas catalanas es palpable, señalan fuentes parlamentarias. El 30 de diciembre, Acogen publicó en La Vanguardia una carta al director en la que agradecía a CiU y, en especial, a Durán i Lleida, el apoyo recibido en Madrid. Pero de nada ha servido, a tenor de los recortes ahora en marcha.
La patronal Acogen agradeció a Durán i Lleida la defensa de sus intereses en el proceso parlamentario de la Ley Eléctrica en Madrid
No sólo la cogeneración está en guerra. El resto del Régimen Especial, el sector renovable, trata de calcular el impacto, que en casos como el eólico (se quedan sin prima los parques que arrancaron antes de 2005) o el fotovoltaico (recorte de hasta 600 millones de euros) va a ser muy duro.
Ahora se abre un periodo de 20 días para que las partes presenten alegaciones ante la CNMC e intenten suavizar el fuerte recorte planteado a unas primas que en 2013 superaron los 9.000 millones de euros y son consideradas por el Gobierno la principal causa de generación de déficit de tarifa.
