Medio millón de pequeñas y medianas empresas han desaparecido con motivo de la crisis. De ellas, al menos un tercio fueron víctimas de la morosidad, de no cobrar a tiempo facturas pendientes con grandes compañías pese a que la Ley obliga a no ir más allá de los dos meses de retardo. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha planteado esta cuestión en el Congreso de los Diputados y ha acusado al Gobierno de ser corresponsable de la situación, al no hacer cumplir la Ley.
La asociación presentó en la sede de las Cortes un informe que no deja títere con cabeza en el sector de las grandes constructoras. El trabajo se refiere a las seis que cotizan en el Ibex-35 y concluye que aquéllas más eficientes a la hora de pagar a sus proveedores presentan un periodo medio de seis meses, tres veces más de lo estipulado por la Ley. En el otro extremo, Ferrovial, cuyo periodo medio de pago se va hasta cerca de los 18 meses, 9 veces más de lo legalmente establecido.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, lo más grave es el hecho de que el Gobierno no haga cumplir la Ley porque la consecuencia es, precisamente, el hecho de que pequeñas y medianas empresas y autónomos se vean abocados a una situación desesperada.
“Es una forma de corrupción permitida. Nadie hace cumplir la Ley y las grandes constructoras se la saltan. El principal dañado por esta situación es el conjunto del país”, aseguró Cañete, quien está dispuesto a denunciar esta situación ante la Comisión Europea si el Gobierno no es capaz de coger el toro por los cuernos.
Sin régimen sancionador
La PMcM se plantea denunciar al Gobierno ante Bruselas e incluso también a las propias empresas aunque, en este caso, se encuentra con el problema de que la práctica de las pruebas que se realizarían desde el organismo europeo pondrían nombres y apellidos a los denunciantes. “Nunca se debe morder la mano que te da de comer, esto pondría en una situación complicada a pequeñas empresas que jamás podrían volver a contratar con las grandes”.
El estudio que la PMcM ha presentado en el Congreso se centra en las grandes constructoras pero no es, ni mucho menos, el único sector que se encuentra en este escenario. “Presentaremos más informes sobre otros sectores, no queremos señalar a nadie en particular, nuestra intención es que esta situación se conozca y se ponga remedio para solventarla”.
Hasta ahora, la respuesta que ha recibido la Plataforma por parte del Gobierno ha sido insuficiente. “Siempre nos han manifestado buenas intenciones pero no han ido más allá”, apuntó Cañete, quien se preguntó “por qué no hay un régimen sancionador para estos casos”.
La PMcM también atestigua que las Administraciones sí han hecho esfuerzos para reducir el periodo de pago a las grandes constructoras. Desde 2010, la media de cobro de las grandes constructoras ha bajado un 50%, hasta el entorno de los 80 días. En cambio, la media de pagos de las compañías sube en este tiempo. “Alguien tiene que explicar por qué ocurre esto”.
