El Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) abanderará hoy en el Congreso de los Diputados la batalla contra la pobreza energética, que ya afecta a más de 4 millones de personas en España.
Presentará en pleno la Proposición de Ley de medidas urgentes para prevenir la pobreza energética, que persigue, entre otros objetivos, el establecimiento de "una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales".
En román paladino, si saliese adelante la proposición de Ley, las eléctricas no podrían cortar la luz a aquellos clientes morosos cuyos ingresos estén por debajo de unos parámetros que habría que fijar.
Según los datos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiaries y de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), así como los aportados por los estudios de Cáritas, casi un 10% de la población española está en situación de pobreza energética. Se está en esta situación cuando "un hogar es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda", según el texto de la propuesta, que hereda los conceptos estandarizados a nivel europeo para calificar esta nueva forma de exclusión social.
Un hogar sufre pobreza energética cuando "es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas"
La ECV de 2011 destaca que "el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% en el vaso de mujeres que habitan solas". En esta línea se manifiesta un estudio elaborado por Cruz Roja Cataluña en julio de este año, según el cual "el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo el agua, la luz y el gas, cerca del 30% acumula facturas impagadas y un 58% manifiesta no poder mantener su casa a una temperatura óptima".
De hecho, la Proposición de Ley que llega hoy a la Carrera de San Jerónimo 'bebe' de una enmienda recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cataluña para 2014, que a última hora han pactado CiU y ERC. Esta norma impedirá que las compañías eléctricas corten la luz a familias con pocos recursos, si bien a ojos de Cáritas, la medida se ha quedado en una "propuesta de mínimos que sólo beneficiará a hogares con pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima" o trabajadores que "estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción".
En Cataluña se ha prohibido a las eléctricas cortar la luz a los morosos en dificultades económicas, pero si éstos superan la "renta de suficiencia (7.960 euros anuales)" perderían el derecho
Si el núcleo familiar supera la "renta de suficiencia (7.960 euros anuales)" no podrá beneficiarse de una medida que es sólo un balón de oxígeno temporal (de noviembre a marzo) para los hogares con dificultades, que posteriormente tienen que abonar a su suministradora todo lo no pagado en los meses de "tregua".
En esa línea va la Proposición de Izquierda Plural, que será barrida por la mayoría absoluta del PP en el Congreso dos días antes de que se apruebe finalmente la Ley del Sector Eléctrico.La norma entrará en vigor en diciembre y ha consagrado los recortes de ingresos a las compañías eléctricas (principalmente renovables) y las subidas generalizadas del recibo a lo largo del año (en 2013, el Gobierno ha subido la luz 4 veces)
El PP tumbará la propuesta con su mayoría absoluta a tan sólo dos días de que el Congreso dé la aprobación definitiva a la nueva y polémica Ley del Sector Eléctrico
Según Eurostat, España es ya el segundo país de la UE, sólo por detrás de Chipre, con la luz más cara. Entre 2001 y 2012, el precio de la luz se ha disparado un 105,1%, sin incluir las fuertes subidas aplicadas en 2013.
La iniciativa de Izquierda Plural también propone que se amplíe el bono social (la reforma eléctrica determina precisamente todo lo contrario, al reducir a la mitad el número de beneficiarios) y se cree un bono social para el gas butano; que se fije un IVA reducido al precio del gas y la electricidad domésticos; la consideración de los servicios energéticos como servicios esenciales y la petición de las eléctricas incorporen el problema de la pobreza energética a sus planes de responsabilidad social y transparencia.
