Primero será la oficina municipal antidesahucios y segundo, el fondo para luchar contra la pobreza energética. Son dos medidas rompedoras, claramente herederas del programa de Podemos, que tanto Ada Colau como Manuela Carmena pondrán en marcha en cuanto sean nombradas alcaldesas de Barcelona y Madrid, respectivamente.
En el plan de choque que la activista catalana tiene diseñado para la Ciudad Condal figuran estas dos medidas.
Para el fondo contra la pobreza energética, que en España sufren unos cuatro millones de personas, Colau prevé una partida inicial de cinco millones de euros para atender los casos más urgentes.
Colau avisa: realizará "una auditoría de los costes de estos servicios que permita determinar el origen y destino de los beneficios obtenidos por las compañías gestoras"
Ese dinero provendrá inicialmente de las arcas municipales, si bien el objetivo de la futura alcaldesa es reunirse con las compañías eléctricas y distribuidoras para que se comprometan a garantizar el suministro de estos servicios básicos (luz, gas y agua) a las familias que no puedan pagarlo.
El objetivo es que no haya cortes de suministro y el fondo se encargará de valorar la situación de cada hogar con pobreza energética y determinará cómo costear el pago de esos recibos.
Asimismo, Barcelona en Comú ha avisado a las grandes compañías de que “hará una auditoría de los costes de estos servicios que permita determinar el origen y destino de los beneficios obtenidos por las compañías gestoras”, algo que ha generado gran preocupación en el sector energético tras el triunfo de Colau de este domingo.
Cataluña ha sido pionera en su lucha contra la pobreza energética, aunque de poco le ha servido después de que el Gobierno de Rajoy haya conseguido paralizar la norma que intentaba prohibir a las compañías eléctricas, de gas y de agua cortar el suministro en pleno invierno a las familias que no pudieran pagar la factura.
El Ejecutivo denunció la norma ante el Tribunal Constitucional, que la ha paralizado temporalmente porque invade competencias estatales en materia de régimen energético.
Las compañías eléctricas tendrán que comprometerse a no cortar suministros básicos a las familias más pobres, según la norma que prepara Colau
Por su parte, la candidata de Ahora Madrid se ha comprometido en su programa a “garantizar los suministros básicos de luz, gas y agua a todos los hogares en imposibilidad de pagarlos, para eliminar la pobreza energética”.
La idea que está sobre la mesa pasaría por crear un fondo municipal o autonómico para pagar la luz y el gas a las familias que no pudieran hacer frente al recibo por motivos “ajenos a su voluntad”.
Es la línea de lucha establecida por Podemos, que ha moderado su discurso contra la pobreza energética. La formación de Pablo Iglesias ha apostado en varias ocasiones por ‘copiar’ la primera medida anunciada por Alexis Tsipras en Grecia, costear la luz a 300.000 hogares del país que no podían pagarla.
Podemos ha dulcificado su mensaje, pero mantiene que se declaren luz, gas y agua como “servicios públicos, entendiendo por servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas" y que las empresas no puedan cortar estos servicios en casos como la “pobreza sobrevenida”
