Un ministro de Defensa, Pedro Morenés, que hasta su nombramiento fue director general en España de un fabricante de misiles (MBDA) y antes (2005-2009), consejero de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo y actualmente en pleitos con el Estado español por la prohibición del uso de este armamento en 2008; un secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, que hasta su llegada al Gobierno era vicepresidente en España de la multinacional Boeing; un exministro del ramo, Eduardo Serra, que opta al asiento que actualmente tiene otro exministro (de Exteriores e Industria), Josep Piqué, en el consejo de administración de Airbus, anteriormente ocupado por otro ministro de Industria, Juan Manuel Echegaray…

La llamada ‘puerta giratoria’, altos cargos del sector público que fichan por empresas privadas relacionadas con la materia en la que tuvieron responsabilidades, o el caso contrario, ejecutivos de esas compañías que se pasan al sector público (Morenés, por ejemplo, ya fue secretario de Defensa entre 1996 y 2000), no es exclusiva, ni mucho menos, del sector energético, el que más eco mediático tiene. También abundan los casos en otros como el de defensa, bastante menos expuesto y en el que las cifras de contratación pública que se manejan son astronómicas. Y el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) quiere intentar ponerle remedio.

La formación magenta ha presentado una proposición no de ley sobre “la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la defensa”. El grupo quiere “evitar la puerta giratoria” en este sector, “por la colusión de intereses que puede provocar y la subsiguiente desconfianza del ciudadano en la política”.

Aunque no cita nombres, la propuesta, que se debatirá el próximo lunes en la Comisión de Defensa del Congreso, podría calificarse como un intento de 'cláusula anti-Morenés' que, en su exposición de motivos, argumenta que, en el sector de defensa, los casos de ‘revolving doors’ “se multiplican a causa del mayor grado de aceptación que tiene la opacidad" cuando se refiere a asuntos que afectan a la seguridad nacional.

El gran negocio de los PEAs va a suponer un desembolso cercano a los 30.000 millones "y la renegociación de esa deuda puede favorecer" los conflictos de interés

La formación que lidera Rosa Díez recuerda que los Programas Especiales de Armamento (PEAs) “van a soponer un desembolso cercano a los 30.000 millones de euros comprometidos a través de contratos con Navantia, EADS, Eurofighter, Airbus, General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, entre otras”. Y “el gran negocio de los PEAs, la opacidad en torno a ellos y la renegociación de esa deuda, puede favorecer que se den comportamientos como los que trata de prevenir la Ley 5/2006”, de regulación de los conflictos de intereses de la Administración General del Estado.

UPyD, que a través de su diputada Irene Lozano ha pedido cuentas al Gobierno por la posible colocación de Serra en Airbus (donde el Estado español tiene un 4%), reclama cambiar una legislación “que parece estar obsoleta” y “que debe desarrollar la especial situación del personal militar cuando éste se encuentra afectado por el artículo 3 de la Ley de 2006", esto es, aquel que desempeña funciones de Alto Cargo de la Administración Pública "y que participa en cuestiones tan relevantes como las decisiones clave (incluidas la decisiones sobre contratación del sector público) de algo tan serio como la defensa nacional”.

El grupo recuerda que entre la primera Ley de Incompatibilidades de diciembre de 1984 y el Real Decreto de desarrollo de la misma en el ámbito militar transcurrió poco más de un año, pero que, desde la aprobación de la Ley de conflictos de intereses de Altos Cargos de 2006, “no se ha producido acorde a la misma una modificación o sustitución normativa del Real Decreto de 1984 que lo adapte, complete y mejore”.