El anuncio de la resolución e inmediata venta de Banco Popular a Santander, por un euro, el pasado día 7 de junio, dio el pistoletazo de salida a una loca carrera de abogados. Despachos españoles especializados en querellas colectivas, que han coincidido ya en otros presuntos casos de corrupción empresarial, como Gowex, Abengoa, o Pescanova se pusieron manos a la obra ese mismo día, sin perder un minuto. Todos eran conscientes de que el primero que presentara querella se posicionaría para hacerse con el preciado botín, la representación legal de miles de accionistas de Popular.
En sólo 48 horas ya había tres querellas presentadas, a pesar de la complejidad del caso. Por ahora, los despachos que han presentado querella en la Audiencia Nacional por Banco Popular son: Fonfrías Abogados, de la esposa de Joaquín Yvancos, el que fuera abogado de José María Ruiz-Mateos durante 20 años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aliada con los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez -estos dos últimos ya han trabajado juntos en la plataforma de perjudicados por Abengoa-. Y Durán & Durán, el despacho creado por el exdirector general de la Once, Miguel Durán, y su sobrino Miguel Ángel Durán Muñoz. El despacho Cremades & Calvo-Sotelo ha presentado una demanda ante Fiscalía Anticorrupción, pero próximamente la transformará en querella, y se sumará a las otras tres ya presentadas en la Audiencia Nacional.
Los tres bufetes, por separado, defienden haber sido los primeros en presentar la querella. Pero según las fuentes consultadas por Vozpópuli, el orden de llegada en esta loca carrera de abogados fue el siguiente: En primer lugar, Fonfrías Abogados; el despacho de Yvancos dejó su querella en la Audiencia Nacional al día siguiente de anunciarse la resolución de Popular. El viernes 9 de junio presentaron querella, por este orden, por una diferencia de minutos, la OCU con los abogados Izquierdo y Martínez, y después el despacho Durán & Durán. Aunque la OCU presentó su querella el viernes, la asociación no lo hizo público hasta el lunes 12, persiguiendo posiblemente un mayor impacto mediático. La decisión de admitir o no las demandas ha recaído sobre el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha dirigido la instrucción de la salida a Bolsa de Bankia.
"La acusación que primero entra en el juzgado se va a quedar con el proceso, y en un asunto como el de Banco Popular es mucho dinero", advierte el juez Eloy Velasco
La proliferación en los últimos años de demandas colectivas, de casos susceptibles de múltiples personaciones para ejercer acciones populares, ha llevado a los juzgados a aplicar el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: "Podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias; pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación, a juicio del Tribunal".
Así, en aras de un supuesto ahorro procesal, en términos económicos y de tiempo, se agrupan las diversas acciones interpuestas que siguen un mismo o parecido objetivo en una sola. ¿En cuál? Aquí hay lagunas, no está regulado con precisión los parámetros por los cuales se designa una u otra demanda, se selecciona uno u otro despacho. "A juicio del Tribunal".
Por ejemplo, el juez Santiago Pedraz, del Juzgado de Instrucción Central número uno de la Audiencia Nacional, decidió el pasado año, en la investigación de Manos Limpias y Ausbanc, que fuera el partido político Podemos el que encabezara las acciones populares presentadas por varias asociaciones y fundaciones y empresas. Pedraz justificó así su decisión en auto firmado el 18 de mayo de 2016: "Como criterio objetivo a falta de norma que lo regule, debe recaer [la representación y defensa única] en el que primero ejercitó su pretensión".
Las querellas presentadas por Banco Popular van contra distintas personas, unas contra Ángel Ron, otras contra Emilio Saracho...
También el juez Eloy Velasco, estando al frente de la Operación Lezo, optó por la decisión de conceder la representación legal de las distintas acusaciones populares presentadas -partidos políticos, asociaciones, fundaciones- a la primera en hacerlo, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. En auto firmado el 10 de mayo de 2017, Velasco indicaba que de conformidad con el artículo 113 de la LECR, las distintas personaciones se agruparían en una sola. "Teniendo en cuenta que la primera acusación popular que se personó fue la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, deberá ser esta la que asuma la representación y defensa de todas las acusaciones", explicó en el auto.
En el caso de Gowex, un despacho de Barcelona tuvo que ceder unos 300 clientes representados al bufete de Joaquín Yvancos, que había sido el primero en presentar querella. Y en el caso de Abengoa, fue Yvancos el que tuvo que ceder sus clientes a la plataforma de perjudicados de Abengoa, de los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez.
Distintos objetivos
En el caso de las querellas por Banco Popular, los despachos saben que si su demanda es la seleccionada por el juez para liderar el proceso, si ganan el pleito, ganarán mucho dinero, cientos de miles de euros, más. Los accionistas afectados por la resolución de la entidad financiera supera los 300.000.
Si, suponiendo, el juez designara al despacho de Yvancos para liderar el proceso, los miles de clientes que Cremades & Calvo Sotelo asegura representar -entre 4.000 y 6.000- pasarían a estar representados por el exabogado de Ruiz-Mateos. Cremades & Calvo Sotelo cobra un 20% de la cantidad recuperada si se gana la querella. Yvancos, un 10%. Por lo que Yvancos, en caso de que se ganara el pleito, lograría, además de la cantidad que cobra a sus clientes, el 10% de lo recuperado por los clientes de Cremades (que en todo caso no deberían pagar más del 20% acordado).
Pero el caso de Banco Popular es especialmente peliagudo. Aunque Yvancos, Cremades, la terna compuesta por Izquierdo, Martínez y OCU, y Miguel Durán persiguen un mismo objetivo, recuperar el dinero perdido por la resolución del banco, sus querellas van dirigidas hacia distintas personas. Yvancos va contra todos, contra el consejo presidido por Ángel Ron y contra el de Emilio Saracho. Cremades deja fuera de su querella a Ron. Izquierdo, Martínez y OCU van contra Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, dejando fuera a Saracho. Durán va contra Saracho, por su vinculación profesional anterior con JPMorgan y Santander.
Por esta razón, si el juez Andreu decidiera ahora, al igual que han hecho otros colegas, agrupar las distintas querellas por Banco Popular en una sola, no solo estaría beneficiando económicamente de forma importante a un despacho u otro, sino que podría condicionar el proceso.
Mucho dinero
El juez Eloy Velasco fue explícito sobre esta cuestión cuando el pasado viernes 16 de junio propuso una serie de medidas para reducir los costes de la justicia penal en un debate organizado por Abogacía Española, la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, y el despacho Quecedo Abogados. "Lo hemos visto esta semana con el caso de Banco Popular", dijo en referencia a la agrupación de querellas en procesos legales. "Despachos como locos haciendo seguro querellas maravillosamente mal construidas por la prisa", dijo. "¿Por qué?", se preguntó. "Porque la acusación popular que primero entra en el juzgado se va a quedar con el monopolio de la acusación, y en un asunto como este es mucho dinero", advirtió.
"Hay que establecer un mecanismo que no sea la primera personación temporal la que lleve la acusación popular, que se decida quién es la parte que mejor va a llevar el conjunto de las acusaciones", propuso. "Fíjense", requirió Velasco en su exposición. "Preferiría darle la dirección de la acusación a aquella querella que por ejemplo ofreciera pruebas propias... muchas de las que se presentan son corta y pega sin valor añadido", señaló.
