Las entidades financieras, brokers, empresas de trading y grandes eléctricas (principalmente internacionales) que acuden como vendedores en la subasta de energía que hasta hace unas semanas fijaba la tarifa eléctrica de los consumidores domésticos (la ya famosa Cesur) perdieron más de 60 millones de euros en la puja anterior a la del polémico ‘tarifazo’ del pasado 19 de diciembre, que el Gobierno decidió anular tras las sospechas, que de momento no ha podido demostrar, de "burda manipulación".
La estimación, un cálculo elaborado por el experto en regulación, empresario y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Jorge Morales de Labra a partir de datos del operador del Mercado Omie, es el resultado de comparar el precio que arrojó la puja celebrada el pasado 24 de septiembre (47,58 euros por megavatio/hora) con la cotización real de la luz en el mercado mayorista (el precio al que efectivamente se pagó la energía) durante el último trimestre, que fue 4,7 euros superior.
El resultado es un quebranto de 60,45 millones de euros (unos 57 millones, si se cuentan otros coeficientes correctores) para los 44 agentes que se adjudicaron la energía adquirida posteriormente por las cinco comercializadoras de último recurso (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Eon) habilitadas legalmente para vender con esta tarifa y que adquieren en la Cesur el 60% de la energía que suministran.
Unas pérdidas récord que se explican, sobre todo, por el brusco incremento de precios experimentado en el mercado mayorista a lo largo del último mes del año, por un cúmulo de circunstancias (baja eolicidad, parada de centrales, alta demanda) que coincidieron con el veto de Cristóbal Montoro a la aportación del Estado a la resolución del déficit tarifario.
Las Cesur han sido un pingüe negocio hasta los dos últimos trimestres en los que el quebranto para los agentes ha ascendido a casi 80 millones
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho hincapié, en las conclusiones de su informe sobre el resultado de la subasta de diciembre, en ese quebranto de los operadores de la Cesur, que según el superregulador podría haber afectado “tanto al nivel de participación” como “a las mayores retiradas de volumen en dicha subasta”, de forma que los agentes se adjudicaron “un menor volumen ante unas expectativas inciertas sobre los beneficios” que iban a obtener. La puja fue anulada por orden gubernamental tras una serie de “circunstancias atípicas” derivadas de una "insuficiente presión competitiva".
Las pérdidas del último trimestre del año para los agentes de la Cesur, mecanismo que el Gobierno revisará y que el ministro de Industria, José Manuel Soria (que hoy comparece en el Congreso para detallar los pormenores de la subasta) no cuestionó hasta que se le vino encima el problema, han sido, por utilizar un término muy en boga en estos días, un fenómeno atípico.
De hecho, sus participantes sólo han registrado pérdidas en tres trimestres desde 2009 y en uno de ellos (el tercero de 2011) pudieron compensarlas gracias a la prima de riesgo que por entonces todavía cobraban. Los otros dos trimestres en los que sufrieron pérdidas fueron, precisamente, los dos previos a la calamitosa Cesur de diciembre, con un quebranto acumulado de casi 80 millones de euros: los citados 60 millones y los 19,6 millones del periodo comprendido entre julio y septiembre.
Pese a esos dos últimos traspiés, en los que los consumidores domésticos (para variar) salieron ganando, desde 2009 los usuarios de la tarifa doméstica han pagado un total de 1.617 millones de euros de más por la parte de su recibo que corresponde al coste de la energía dado que, en la mayoría de los trimestres, el precio que pagaban (fijado en esa subasta) era muy superior al real.
