La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cuyas últimas disposiciones entran en vigor mañana viernes, pondrá fin a uno de los abusos menos conocidos de todos los que cometen algunas compañías de servicios con sus clientes, el cobro de un recargo por el envío de la factura en papel.
Pagar un euro por disponer en papel del recibo del teléfono o la luz no hunde ninguna economía familiar, pero es una práctica abusiva, según la nueva normativa de protección de los derechos del consumidor.
Para evitar este abuso y proteger a aquellos consumidores que no quieren recibir las facturas electrónicas o tienen limitado o nulo acceso a las nuevas tecnologías, la disposiciones de la Ley establecen la factura en papel como la forma predeterminada de emisión de recibos, la gratuidad de ese envío, la prohibición de cobrar un plus por emitirlos en formato impreso y la obligatoriedad de contar con el consentimiento expreso del usuario para el cambio a formato digital.
Para informar a la ciudadanía de estos derechos poco conocidos, cuatro asociaciones de consumidores (CECU, UNAE, FUCI y Asgeco) se han unido para promocionar la iniciativa ‘Yo decido cómo recibo’.
El papel será por defecto el sistema de envío de facturas, no podrá cobrarse por ello y sólo se emitirán por vía electrónica si el usuario da el 'sí'
Según Gustavo Samayoa (FUCI), “hemos entendido que el colectivo de consumidores estaba desprotegido porque muchas empresas mandaban sus facturas de manera unilateral” en formato digital, cuando un buen número de estos clientes, esencialmente de entornos rurales, no tenían ni siquiera acceso a internet en casa.
Según el pool de asociaciones de consumidores, en España hay más de 13 millones de personas con limitaciones para acceder a internet, lo que hace aún más discriminatorio la recepción de sus recibos y facturas vía electrónica. Además, más de diez millones de personas mayores de 55 años nunca han usado internet, el 32% de los hogares aún no tiene acceso a la red de redes y casi un millón y medio de familias de pueblos con menos de 10.000 habitantes son “excluidos digitales”, denuncian estas asociaciones.
Con el cambio normativo se pone coto a esta discriminación, ya que sólo los clientes que lo pidan recibirán su factura en formato digital. El resto tendrá su recibo en papel por defecto.
El formato digital es discriminatorio para diez millones de personas mayores de 55 años que nunca han usado internet o para los 'excluidos digitales' de las zonas rurales
Ana Isabel Ceballo, de Asgeco, ha acusado directamente a los bancos por cobrar un recargo “de forma unilateral” por el envío de facturas o documentación en papel. “Cobrar comisión por recibir la factura de papel es ilegal”, ha sentenciado.
Otro sector que está en el punto de mira de estos abusos es el de las telecomunicaciones.
La organización de consumidores Adicae ha denunciado a Vodafone y Jazztel, entre otras compañías, han sido denunciadas por cobrar a algunos de sus clientes un plus de hasta 1,21 euros por cada factura de papel.
Adicae ha denunciado a Vodafone y Jazztel por cobrar hasta 1,21 euros por cada factura emitida en papel
Esta organización señala que el artículo 63 de la Ley recoge que “en los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel”, hecho que “no podrá quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna”.
Según informa Adicae, Vodafone dijo en marzo que “esa nueva ley de defensa de los consumidores [...] todavía no ha entrado en vigor [...]. Hasta entonces no varía la política en cuanto a su factura y el coste de envío en papel es de 1,21 euros (IVA ya incluido)”.
Por su parte, Jazztel se justificó, siempre según Adicae, diciendo que “no puede considerarse un obstáculo oneroso, ni desproporcionado [...] siendo el envío de la factura física en papel un servicio adicional, cuyo coste debe asumir el cliente”.
