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La reforma energética se salda con un incremento de 60 euros al año en la factura eléctrica de un hogar medio

La subida acumulada con Rajoy alcanza el 8% y deja la factura media en 758 euros al año. Casi todas las empresas y sectores afectados rechazan las medidas de Industria, con las que el ministerio da por "definitivamente" solucionado el agujero del déficit tarifario. Empresas de renovables, eléctricas y gasistas pierden en un sólo día 3.900 millones de valor bursátil.

  • La vicepresidenta del Gobierno junto al ministro de Industria en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Unos 60 euros más al año para la factura eléctrica un hogar medio. Ese va a ser el coste aproximado que las sucesivas reformas energéticas del Gobierno, culminadas (en principio) este viernes, van a tener para los consumidores en su recibo de la luz, tras una subida acumulada de en torno al 8% desde que Mariano Rajoy está en el poder, incluyendo la que entrará en vigor en agosto (3,2%). Ese próximo incremento va a dejar la factura media de un hogar español en electricidad en unos 758 euros anuales, según una estimación a partir de los datos que periódicamente ofrece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el gasto medio de un hogar español en electricidad.

Desde que José Manuel Soria está al frente del Ministerio de Industria, y para tratar de mantener bajo control la herencia envenenada que le dejó el anterior gobierno, la bomba de relojería del déficit de tarifa, se han aplicado (contando el inminente incremento de agosto) cinco subidas de la luz y dos bajadas, que se han saldado con el citado encarecimiento del 8% en la factura.

En 2012, la subida media fue del 7% (si se incluyen las refacturaciones a las que obligó una sentencia del Tribunal Supremo) y este año el recibo subió en enero (3%), bajó en abril (6,62%), subió en julio (1,2%) y volverá a hacerlo dentro de tres semanas.

Eso, de momento, porque el amplísimo paquete de medidas presentado ayer, por fin, por el Ministerio de Industria para solucionar “definitivamente” (la expresión es suya) el déficit de tarifa eléctrico incluye mecanismos automáticos para mantener controlado el agujero, que a partir de ahora no podrá superar los 2.000 millones de euros anuales y que, desde 2014, financiarán todas las empresas generadoras (no sólo las eléctricas tradicionales).

De superarse ese umbral de 2.000 kilos anuales, habrá subidas automáticas de los peajes (costes regulados) y con ello, del recibo. El impacto final en el bolsillo del consumidor también dependerá de lo que aporten los Presupuestos (que al fin y al cabo también son el dinero de todos) a la resolución del problema, una cuestión que, señalan analistas del sector, ni mucho menos ha quedado despejada tras el enésimo encontronazo entre Soria y Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.

El Gobierno calcula que sólo hasta 2016 España se igualará con la media europea en los precios de la luz

Así, el Gobierno lo fía largo y calcula que sólo hasta 2016 España logrará igualarse a la media europea en los precios de la electricidad antes de impuestos para un usuario doméstico. Hoy es el tercer país más caro, sólo superado por Irlanda y Chipre.

A la espera de conocer los detalles y las cifras, la reforma, un nuevo hachazo de 4.500 millones al sistema eléctrico, fue recibida como un varapalo por casi todo el sector energético, como demuestra el comportamiento bursátil de la inmensa mayoría de las empresas, tanto eléctricas tradicionales como de aquellas con fuertes intereses en renovables.

La sangría entre las que cotizan en el Ibex fue de órdago. Red Eléctrica, la que más cayó, se desplomó un 6,89% (422 millones de euros menos de capitalización); Gas Natural, un 6,41% (1.256 millones menos); Enagás, un 5,1% (271 millones menos); Endesa, un 3,94% (809 millones menos); Iberdrola, un 3,42% (822 millones); ACS, un 1,9% (117 millones) y Acciona, un 1,77% (202 millones).

Saldo total del desastre: 3.900 millones menos de valor bursátil en una sola sesión. La excepción fue Abengoa, que cotiza en el continuo y cuyas acciones de clase B (las que más se negocian) subieron más de un 5%.

Entre las muchas novedades del paquete de medidas se incluye una redefinición del bono social, que tendrán que volver a pagar las compañías eléctricas y que se vinculará exclusivamente a la renta (en torno a 27.000 euros anuales de ingresos brutos por hogar), tal y como había recomendado la Comisión Nacional de la Energía.

Hasta ahora, este mecanismo se concedía en función de, entre otros criterios, la potencia contratada (menos de tres kilovatios), lo que permitía a (pongamos) un adinerado yuppie con un pequeño estudio en la Castellana como primera vivienda disfrutar de precios de la electricidad del año 2009.

Rechazo de casi todas las patronales afectadas

Un repaso a las reacciones de las patronales demuestra que el palo ha sido considerable. Unesa (las cinco grandes eléctricas) expresó su “total desacuerdo” con las medidas y con las medidas que ha aplicado hasta ahora el Gobierno “tanto con el reparto de esfuerzos asignado entre los agentes del sector -que carga el 65% del esfuerzo en las actividades tradicionales- y el sacrificio que se exige a las empresas eléctricas, como con la insuficiente cuantía de las aportaciones que se realizarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. Su advertencia: habrá despidos.

Por su parte, el sector eólico vaticinó “una cascada de problemas financieros” con el nuevo sistema de incentivos a las renovables, que va a dejar la rentabilidad de las instalaciones (según el Gobierno) en el 7,5% y a muchos molinos (los más antiguos) sin ninguna prima por estar ya amortizadas.

Los fotovoltaicos de la patronal UNEF, “sin disponer de información suficiente” para evaluar el impacto de las medidas, consideraron que “puede llevar directamente a la quiebra a buena parte del sector, porque éste ya acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40% de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones”.

Entre las excepciones, Protermosolar (que no se pronunció) y la patronal de la cogeneración Acogen, que comparte “los principios, finalidad y  estructuración diferenciada de la reforma” y que, paradójicamente, va a ver como muchas de estas instalaciones industriales ven elevados sus incentivos.

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