Renfe aligera un poco su abultada estructura directiva. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter voluntario que Renfe Operadora acaba de concluir se ha saldado con la salida de los 38 directivos de la compañía pública que habían pedido acogerse al plan de bajas. La operadora se ha quedado así muy cerca de cubrir todo el objetivo que se había propuesto, ya que su intención era que se acogieran al proceso 40 directivos.
Entre los que se han marchado está el histórico exsindicalista de UGT Apolinar Rodríguez, el que fuera secretario de Acción Sindical del sindicato en los años 80, que está muy cerca de cumplir los 65 años y que hasta este mes se ocupaba de la Dirección de Relaciones Internacionales de Renfe.
Al ERE, que ha afectado a cerca de medio millar de personas, se han acogido finalmente 116 empleados del departamento Comercial; 175 maquinistas; 25 efectivos del área de Estructura de apoyo; 60 de Administración y Gestión y 86 de Fabricación y Mantenimiento, explican fuentes conocedoras del proceso.
El proceso recibió una avalancha de peticiones, cerca de un millar, y las salidas han sido seleccionadas por una comisión de seguimiento integrada por Renfe y los sindicatos, que primaron una serie de criterios, empezando por la antigüedad.
Del total de 1.000 solicitudes, el grueso (347, algo más de un tercio del total) eran maquinistas, un colectivo para el que el ERE era especialmente atractivo ya que, en virtud del denominado coeficiente de penosidad, podían anticipar su jubilación a los 60 años garantizándose la pensión máxima.
Los trabajadores afectados, que ya se han ido a casa, han recibido una indemnización de veinte días por año, con una “media máxima” de catorce mensualidades.
Renfe, en cumplimiento con lo acordado con los sindicatos, y en línea con otros procesos similares en otras empresas públicas (como Aena) ha adjudicado un servicio de consultoría para la elaboración de un plan de colocación para los adheridos al ERE por la simbólica cifra de 3.591 euros, impuestos incluidos.
El importe está un 98% por debajo del presupuesto máximo de licitación, que era de 181.500 euros, pero todo tiene su explicación: es altamente probable que nadie haga uso de este servicio porque todos los afectados por el ERE tienen más de 59 años. El contrato se lo ha llevado una pequeña firma, Ars Outplacement.
