Repsol ha dado un paso más en su batalla judicial contra el Gobierno Kirchner por la expropiación del 51% de YPF decretada en 2012 y sus posteriores consecuencias. Y esta vez lo hace apuntando alto, a la Corte Suprema argentina, la más alta instancia judicial del país (como el Tribunal Constitucional español), a la que la petrolera ha acudido para defender sus intereses en Vaca Muerta.
El equipo jurídico de la petrolera española presentó este viernes en Buenos Aires una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra el Decreto Nacional 929/2013, una norma que establece "un conjunto de privilegios" para aquellas empresas que "realicen inversiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Argentina superiores a 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años", según el documento resumen de la demanda al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Desde Repsol se considera que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha "confeccionado un traje a medida" y ha "tendido una alfombra roja" a la petrolera estadounidense Chevron, que cuenta con un acuerdo con la estatal YPF para invertir 1.250 millones de dólares en el preciado yacimiento de crudo y gas no convencional de Vaca Muerta.
Repsol denuncia que el Decreto es un "traje a medida" para Chevron, porque ofrece privilegios tributarios y de retorno de inversiones que violan normas de mayor rango
Según el texto de la demanda, justo un día antes de que Chevron e YPF firmaran este acuerdo estratégico, "el Estado Nacional, mediante el citado Decreto 929/2013, creó un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos que ofrece significativos privilegios a empresas como Chevron". El acuerdo se firmó el 16 de julio y la norma entró en vigor el 15, lo que levantó grandes críticas por parte de los líderes políticos de la oposición a Kirchner y entre los expertos del sector.
Los compañías que inviertan en estos yacimientos (también la argentina Bridas prevé destinar 1.500 millones de dólares a Vaca Muerta de la mano de YPF) tendrán ventajas tributarias, "podrán exportar hasta el 20% de lo que produzcan" y disfrutarán de la "libre disposición de las divisas provenientes de la exportación, a partir del quinto año de la puesta en marcha del proyecto", según se extrae de la normativa aprobada hace poco más de un mes.
La demanda de inconstitucionalidad no sólo va contra la República argentina, sino también contra el Decreto 1162/13, por el que la provincia de Neuquén, en cuyo territorio se ubica buena parte del yacimiento Vaca Muerta, se adhiere a la norma de mayor rango emanada del Estado nacional.
La petrolera presidida por Antonio Brufau considera que “ambos decretos crean, sin ningún amparo legal ni constitucional, un conjunto de privilegios destinados a que Chevron pueda rentabilizar las inversiones anunciadas en los yacimientos de recursos no convencionales en Vaca Muerta, descubiertos por YPF bajo control de Repsol.
"Son medidas singulares de carácter oportunista orquestadas" por Kirchner para que otras compañías inviertan en Vaca Muerta, un yacimiento que descubrió YPF "bajo la gestión de Repsol"
Además, denuncia que "el contenido del Decreto 929/2013 se opone a lo dispuesto por normas de rango superior como la Ley Federal de Hidrocarburos o la propia Constitución Nacional. Mediante un simple Decreto el Poder Ejecutivo invade competencias en materia tributaria y análogas que corresponden exclusivamente al Congreso de la Nación, creando un régimen variado de privilegios, otorgando beneficios tributarios y comprometiendo fondos públicos sin estar facultado para hacerlo. Por otro lado, el Decreto 929 se aparta y contradice la Ley Federal de Hidrocarburos en materias tan importantes como la duración de las concesiones y crea, sin cobertura legal, la nueva figura de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos así como un procedimiento de adjudicación de las mismas. La nueva norma invade asimismo el ámbito de competencias de las provincias".
Por otro lado, el Decreto aprobado por Neuquén también es "claramente inconstitucional al facultar a la provincia para regular sobre cuestiones reservadas al Congreso de la Nación, como el otorgamiento de exenciones en materia de derechos de exportación y en materia de hidrocarburos", prosigue Repsol, que ha criticado que "en realidad, son sólo medidas singulares de carácter oportunista orquestadas por los gobiernos nacional y provincial para favorecer" a los que exploten unos yacimientos "descubiertos YPF bajó la gestión de Repsol".
La nueva demanda echa un jarro de agua fría a las negociaciones lideradas por Pemex con vistas a una salida negociada, con una compensación razonable, al conflicto por la expropiación de YPF
La nueva demanda de inconstitucionalidad se une a las dos que ya presentó en junio de 2012 Repsol (una la matriz y otra su filial Repsol Butano) por las expropiaciones de YPF y de YPF Gas, decretadas por Kirchner, que siguen su curso, aunque la Corte Suprema ha desestimado las medidas cautelares pedidas por el grupo español.
La nueva andanada judicial provoca un nuevo jarro de agua fría a las ya de por sí difíciles negociaciones con el Gobierno Kirchner. Pemex, accionista de Repsol, está liderando un proceso negociador con la Casa Rosada, respaldado por todo el consejo de la petrolera, para tratar de buscar una salida negociada al conflicto por la expropiación de YPF y una justa compensación para la española. En paralelo a la maltrecha vía negociadora sigue su curso la batalla en los tribunales nacionales e internacionales (Argentina, España, EEUU e instituciones de arbitraje).
