Caixabank y Sabadell incluyen en sus últimos folletos de emisión de deuda de pequeñas empresas advertencias sobre el riesgo que para los inversores supone la normativa de vivienda aprobada por la Generalitat y la incertidumbre política en Cataluña.
Se trata de dos emisiones de bonos de titulización, de 6.000 millones de euros en el caso de Sabadell, 1.850 millones en el de Caixabank, en los que existe una elevada concentración geográfica de la actividad económica de los préstamos en Cataluña. Los folletos de los dos bancos catalanes pueden consultarse en la CNMV y en sus respectivas web.
El banco presidido por Josep Oliu precisa que un 33,95% de los préstamos hipotecarios de la cartera emitida están situados en Cataluña, así como un 34,2% de los inmuebles entregados en garantía. La entidad presidida por Isidro Fainé señala que un 26,19% de los préstamos cedidos para la emisión se encuentran en la misma Comunidad Autónoma. En ambos casos, el peso de los préstamos procedentes de actividades realizadas en Cataluña en las emisiones son mayores que en cualquier otra Comunidad Autónoma española.
La situación en Cataluña, advierte Sabadell, afecta también al Gobierno central "que no está apoyado por el Parlamento"
Al ser tan elevada la concentración en Cataluña de los préstamos e inmuebles cedidos a las emisiones de bonos, tanto Caixa como Sabadell dedican un apartado en sus respectivos folletos a explicar los dos riesgos que consideran asociados a la región: la normativa sobre vivienda y la crisis institucional.
Las medidas impuestas por la Generalitat para resolver situaciones de sobreendeudamiento de familias derivadas de la compra de la vivienda habitual -Ley 24/2015- pueden retrasar "la toma de posesión o el ejercicio de los derechos derivados del uso y disfrute por el Fondo de dichas viviendas y, por tanto, su comercialización y venta", advierten Caixa y Sabadell.
El Gobierno recurrió la ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso la aplicación de los preceptos impugnados.
El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 4/2016 en diciembre de 2016, aparentemente en respuesta a la suspensión decidida por el Constitucional, estableciendo alternativas a los puntos de la Ley 24/2015, relativas a la mediación, el alquiler social, y expropiaciones en caso de necesidad de vivienda en municipios de demanda acreditada.
Crisis institucional
En cuanto a la situación política en Cataluña, Caixa advierte en su emisión que a la fecha del registro del folleto, el 27 de noviembre, "se mantiene la incertidumbre sobre los efectos resultantes de la crisis política existente en dicha Comunidad derivada del conflicto institucional entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat (...)".
Dicha incertidumbre, continúa la entidad, "podría traer consigo una volatilidad de los mercados de valores o de otra manera podría afectar a la actividad económica en España, y en particular en Cataluña", con "el consiguiente impacto en la Emisión de Bonos".
"Se debe advertir que la confianza del inversor puede verse reducida por la incertidumbre generada por los resultados de las elecciones o por el referéndum en las diversas zonas geográficas en las que opera Banco Sabadell", advierte el banco presidido por Oliu.
"Esta situación", continúa Sabadell, "puede suponer cambios legislativos, regulatorios o políticos y afecta no sólo a regiones específicas de España como Cataluña, sino también al gobierno central español que finalmente se formó en octubre de 2016 pero que no está apoyado por el parlamento español".
En especial, añade Sabadell, "las tensiones políticas en Cataluña se han visto últimamente acrecentadas por el denominado movimiento independentista, el cual ha supuesto una atmósfera de incertidumbre (...)".
