La suerte está echada. Más de una decena de UTEs (unión temporal de empresas) han presentado finalmente sus ofertas para construir la obra principal del almacén temporal centralizado (ATC), el denominado cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), según señalan diversas fuentes empresariales. Enresa, la empresa pública responsable del proyecto, no hace comentarios al respecto.
Con 263,5 millones, se trata del mayor contrato de obra pública licitado en 2014 y el más importante también dentro del proyecto del ATC, cuyo presupuesto total supera los 900 millones. El plazo para trasladar las ofertas al organismo que preside el ex alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil Ortega, finalizó el lunes. Del total, hay cuatro que parten con ventaja, según las fuentes consultadas. Se trata, precisamente, de aquellas en las que están presentes las grandes constructoras españolas.
La última en sumarse a esta lista es la UTE que conforman Sacyr y Corsan-Corviam, que este año ya se ha adjudicado las obras del embalse de Almudévar, en Huesca. La compañía que preside Manuel Manrique ya ha ganado un contrato de 4,6 millones para las obras de acondicionamiento de carreteras circundantes al almacén nuclear.
Los otros tres grupos que parten como favoritos son los integrados por FCC y Vías y Construcciones, OHL y Acciona y Dragados, Ferrovial y Sarrión
Como adelantó Vozpópuli, los otros tres grupos empresariales que parten como favoritos son los integrados por FCC y Vías y Construcciones, OHL y Acciona y Dragados, Ferrovial y Construcciones Sarrión, empresa ésta última original de Cuenca. De esta forma, Florentino Pérez, a través de Vías y de Dragados, multiplica sus opciones al pujar desde dos frentes, ya que ambas empresas son filiales del Grupo ACS. Ésta práctica, la de concurrir desde varias ofertas, es habitual en el presidente del Real Madrid, recuerdan en el sector.
Entrecanales, Pérez, Villar Mir, Del Pino, Koplowitz…, ninguno de los apellidos más granados de la construcción, por tanto, quiere dejar pasar la oportunidad de conseguir el mayor contrato público en España del año, en un contexto en el que la crisis ha reducido a la mínima expresión las licitaciones. El resto de las ofertas presentadas están formadas por constructoras de menor tamaño y que cuentan con opciones “muy limitadas”, según señalan fuentes empresariales.
De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato, la propuesta técnica tendrá un peso del 40% (40 puntos), mientras que la económica alcanzará el 55% (55 puntos). El 5% restante se supedita a una serie de cuestiones relacionadas con el periodo de garantía adicional (1 punto si es un año y 2 si son dos), el compromiso de reducción del plazo general de ejecución de la obra civil principal de dos meses respecto de los 58 previstos en el programa de Enresa (1%) y la reducción del plazo de ejecución de la obra del Almacén de Espera de Contenedores (AEC) en un mes respecto a los 12 previstos (1 punto) o en dos (2 puntos).
La propuesta técnica tendrá un peso del 40% (40 puntos), mientras que la económica alcanzará el 55% (55 puntos)
La oferta económica, por tanto, será la que más pese a la hora de decidir la UTE adjudicataria de las obras, como es norma en los contratos públicos en España, aunque en este caso es inferior a lo que ocurre habitualmente, cuando es factible encontrarse con una participación del 80%. Fuentes del sector aseguran que para ganar estas obras la baja respecto al presupuesto establecido por Enresa se situará por encima del 30%. Por tanto, la oferta ascendería a unos 180 millones de euros.
La previsión que manejan entre las constructoras es que será en enero, después de Reyes, cuando se publicará el resultado de las ofertas técnicas (para pasar el corte hay que sacar una puntuación superior a 24) y se procederá a abrir los sobres de las propuestas económicas.
La construcción comenzará, según fuentes de Enresa, durante el primer trimestre de 2015 y la adjudicataria tendrá un plazo máximo de ejecución de 58 meses, una vez obtenga las licencias del Ministerio de Industria y del Ayuntamiento de Villar de Cañas. Asimismo, aún tiene pendiente la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente para el emplazamiento escogido en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Desde el pasado mes de agosto, Enresa ha acelerado el ritmo de licitaciones del ATC, ante el riesgo de retrasar los plazos programado, lo que podría provocar una penalización para el Estado de 70.000 euros diarios si no regresan a tiempo los residuos españoles que actualmente custodia la francesa Areva. Esto ha llevado a Enresa a incentivar la puntuación de las ofertas que agilicen la finalización del proyecto.
