La tempestad en torno a la ampliación del Canal de Panamá no escampa con el paso de las horas, pese a que tanto la Autoridad del Canal como el consorcio GUPC aseguran que todavía mantienen cauces de comunicación abiertos. En realidad, la que los mantiene de esta forma es Zurich American, aseguradora del proyecto, que ha instado a la ACP a retomar las negociaciones.
La administración canalera tiene tomada la decisión de rescindir el contrato al consorcio liderado por Sacyr. La reunión que su junta directiva celebró el pasado miércoles, al día siguiente de cumplirse sin éxito el plazo que se habían dado las partes para llegar a un acuerdo, no dejó lugar a la duda. Especialmente después de que trascendiera que el contratista está enviando a trabajadores del Canal a su casa, lo que sitúa a la obra en un estado de parálisis casi total.
Sin embargo, la ACP ha recibido una comunicación de Zurich American en la que le insta no sólo a retomar las conversaciones con GUPC sino a llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible.
La entidad, tenedora de las garantías y fianzas relacionadas con los trabajos, que ascienden a 400 millones de dólares, no está precisamente alineada con la autoridad canalera y no está dispuesta a liberar esas garantías en la actual situación.
Análisis de las consecuencias
De ahí que las partes en litigio hayan asegurado que aún se mantiene una vía de comunicación entre ambas y que la ruptura de las negociaciones no es total. El administrador principal del Canal, Jorge Quijano, así lo admitió el miércoles aunque también matizó que la confianza entre las partes se había resentido de forma notable.
En realidad, la ACP tiene otros motivos para no ejecutar, por el momento, la decisión de rescindir el contrato a GUPC. Su junta directiva admitió que deberá tomarse un tiempo para analizar las consecuencias que tendría dar un paso tan drástico como éste. Sobre todo de tipo económico y jurídico.
El aspecto que más claro tiene la ACP es la existencia de motivos para la rescisión del contrato, sobre todo en lo relacionado con la disminución del ritmo de los trabajos que se ha visto en los últimos meses hasta llegar a su práctica detención.
Sin embargo, estas cuestiones deberían ser posteriormente defendidas en los tribunales internacionales porque GUPC no se quedará con los brazos cruzados ante una situación como ésta.
Pero además, rescindir el contrato traería consecuencias desde el punto de vista de los plazos para terminar la obra de ampliación del Canal de Panamá. Las subcontratas deberían negociarse de nuevo, en este caso, con aquella compañía que tomara el relevo de GUPC y, mientras, los trabajos no podrían reanudarse.
El problema de los subcontratistas
Sin duda, uno de los más delicados es el de las compuertas, encargadas en su día a la italiana Cimolai, y cuya construcción acumula varios meses de retraso. Los procesos de fabricación de estos elementos son particularmente largos y una interrupción en los mismos traería fatales consecuencias para la ampliación.
La ACP también analiza las consecuencias que todos estos retrasos tendría para todos aquellos clientes del Canal que han invertido grandes cantidades de dinero en ampliar sus puertos y también en la construcción de los buques post-Panamax, aquéllos que podrán atravesar el Canal cuando la ampliación esté lista. Un retraso considerable se podría traducir en numerosos pleitos contra el Canal.
