El Gobierno anda con prisas para cambiar la actual normativa sobre seguridad nuclear y ampliación de la vida útil de las centrales para allanar el camino a la reapertura a la central de Garoña.
Y es que según la normativa actual, todas las centrales nucleares que tengan más de 40 años de vida y quieran seguir operando tendrán que presentar ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) “con un periodo mínimo de tres años antes de la fecha en la que se deba proceder a renovar la autorización de explotación, debiendo presentarse una actualización de los anteriores documentos, incluyendo las modificaciones introducidas en la central, un año antes de la fecha de renovación de la citada autorización”.
Así lo recoge una instrucción aprobada por el Pleno del CSN el 1 de julio de 2009, publicada en el BOE el 10 de julio de ese año. Faltaban aún dos años para que la central nuclear de Santa María de Garoña cumpliera los 40 y el supervisor nuclear estableció los criterios que habría de seguirse en el caso de que la primera planta en llegar al final de su vida útil (el criterio estándar la fija en 40 años) decidiera renovar su autorización para poder operar más años.
El CSN aprobó esta instrucción en 2009 porque dos años después, Garoña se convertía en la primera central en cumplir 40 años y podría haber solicitado la prolongación de su actividad
“La aprobación de la presente Instrucción obedece a la necesidad de regular con carácter general los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para requerir un sistema de gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes, incluyendo el caso de la explotación a largo plazo de las centrales nucleares. A este respecto, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó en el año 2004 el documento denominado ‘Condiciones para la operación a largo plazo de las centrales nucleares’, que contiene los criterios básicos aplicables a las solicitudes de operación a largo plazo y el marco legal y administrativo para la renovación de las Autorizaciones de Explotación a largo plazo de las centrales nucleares”.
Mientras esta norma no se cambie, Garoña, que ahora está en situación de cese definitivo de explotación, tendría que presentar este mismo año su Plan de Envejecimiento (PIEGE) y esperar, como mínimo, tres años para cumplir con todos los requisitos que exige el CSN. Así, la central burgalesa, como poco, no podría abrir hasta 2017.
El Real Decreto que aprobará en breve el Consejo de Ministros permitirá que en poco más de un año la central burgalesa pueda recibir la autorización para retomar su actividad
De ahí que el Ejecutivo de Rajoy, que ha impulsado la reapertura de la central, tenga ya listo el 'Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos'. Este RD no se llevó al Consejo de Ministros de la pasada semana por el temor de Moncloa a que un tema tan sensible como el nuclear sirviera de pretexto para más altercados en la Convención del PP en Valladolid.
El proyecto de RD cuenta con el ‘sí’ de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de forma que podría ir este mismo viernes al Consejo de Ministros o en el del próximo, en línea con lo que ha venido avanzando el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
Cuando entre en vigor, esta nueva norma permitirá a Nuclenor, la empresa de Endesa e Iberdrola que explota Garoña, pedir una solicitud de renovación de la autorización de explotación antes del 6 de julio próximo. Ese día se cumplirá un año de su entrada en cese de explotación.
Nuclenor tendrá hasta el 6 de julio próximo para solicitar la renovación de su autorización de explotación
El Proyecto de Real Decreto plantea la fórmula de 'renovación de la autorización de explotación' para que la planta burgalesa pueda volver a operar.
De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares vigente, una licencia de cese de explotación como la que afecta a Garoña está encaminada al desmantelamiento de la planta, por lo que, en caso de que pretenda evitarlo y prolongar la vida de la central hasta 2019, Nuclenor debía solicitar una nueva autorización de explotación y seguir los requerimientos que esto conlleva, informa Europa Press.
Para evitarlo, el texto incorpora una disposición adicional primera que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de 1999 en sus artículos 5, 12, 20, 28, 36, 37 y agrega una disposición transitoria sexta que se refiere, precisamente, al caso en el que se encuentra la central burgalesa.
Dicha disposición transitoria se refiere a las centrales que hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica. Según el borrador, podrán solicitar la renovación de la autorización de explotación siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese.
