La Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido (FSA) ha decidido investigar en profundidad las deficiencias encontradas en los servicios de asesoría de inversión prestados a sus clientes por Santander UK, según señala la agencia Reuters, que cita cuatro fuentes del sector, y que apunta que la filial británica del banco español podría ser sancionada o sufrir cambios en su licencia para prevenir que ofrezca estos servicios en el futuro.
Esta decisión se produce a raíz de una investigación sobre el terreno desarrollada por el supervisor financiero entre marzo y septiembre de 2012 mediante la táctica del 'cliente misterioso' para determinar la calidad de los consejos de inversión que los seis mayores bancos del país prestan a sus clientes.
Como consecuencia de las deficiencias detectadas durante su investigación, la FSA ha remitido a su departamento de aplicación de la normativa a uno de los bancos analizados, aunque no ha precisado que esta fuera la entidad dirigida por Ana Patricia Botín. Por su parte, un portavoz de la filial británica del Santander indicó a Europa Press que el banco examinará la mejora manera de asesorar a sus clientes en el futuro, para lo que explorará todas las opciones a su disposición.
"Estamos tomando en consideración los hallazgos en el contexto de las significativas acciones que adoptamos en 2012 (...) Continuamos creyendo que es importante ofrecer a los clientes acceso a un amplio abanico de productos financieros ajustados a sus necesidades y situaciones particulares, y estamos trabajando hacia ese objetivo", explicó el portavoz.
El pasado mes de diciembre, un representante de Santander UK confirmó a Europa Press que la entidad había suspendido a unos 800 asesores con el fin de mejorar su capacitación y reciclar las funciones que desempeñan de acuerdo a la nueva normativa del sector que ha entrado en vigor en enero de 2013.
El supervisor financiero británico decidió realizar esta investigación sobre los servicios de asesoría prestados por la banca británica después de detectar que varias de las principales entidades del país comercializaron de manera inapropiada entre sus clientes seguros de protección de pagos (PPI) y coberturas frente a la volatilidad de los tipos de interés, tras lo que bancos como Lloyd's, Barclays o RBS han tenido que realizar provisiones multimillonarias.
