Alfredo Sáenz continuará como consejero delegado del Santander. El consenso es unánime entre el sector financiero tras el fallo del Supremo, conocido ayer, que anula las consecuencias administrativas del indulto concedido por José Luis Rodríguez Zapatero. La banca no cree que el Banco de España obligue a Sáenz abandonar su cargo en el Santander, como exige la actual normativa del supervisor sobre la honorabilidad de los banqueros, que se recoge en el artículo sobre creación de bancos.
El Banco de España no se pronunciará hasta que no estudie al detalle el contenido y la forma del fallo del Supremo, según confirman fuentes del Palacio de Cibeles. Un proceso que puede demorarse semanas. Desde el supervisor se ha venido defendiendo durante los últimos meses que la institución no podía adoptar ninguna medida hasta que no existiera una decisión final de la sala contencioso-administrativa del Supremo.
El mismo argumento se esgrimió, el pasado octubre, tras un auto dictado por la Sala de lo Penal del Supremo que aseguraba que el indulto concedido por el Gobierno socialista fue legal pero "no borra la existencia misma de la sentencia condenatoria ni el efecto de un antecedente penal, en todo caso, pues, subsistente y resistente al indulto".
Sin embargo, la decisión conocida ayer pone en un brete al equipo de Luis Linde. Forzar la dimisión de Sáenz podría tener, sin duda, consecuencias en la configuración del mapa financiero general. "Sería otro terremoto en medio de la recolocación de placas que estamos viviendo en estos momentos. La reacción de los mercados sería imprevisible", admitían ayer desde una entidad.
La decisión del Supremo pone en un brete al gobernador Linde. Forzar la dimisión de Sáenz afectaría al mapa bancario y al proceso de absorción de Banesto; la inacción, por contra, dejaría tocada la nueva ley de honorabilidad
A nivel interno, la salida de Sáenz iniciaría un duro debate interno sucesorio en medio de la absorción de Banesto y Banif por parte del Santander. Un proceso que, sin duda, afectaría al plan sucesorio que tiene en mente Emilio Botín. "En el caso de que la elegida fuera Ana Patricia (Botín), sería una buena oportunidad para se iniciase una sucesión lenta desde dentro, junto a su padre", esgrimen desde un banco de inversión.
Por contra, la inacción del Banco de España dejaría tocada la nueva ley que prepara el Gobierno sobre los nuevos requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno para los consejeros de los bancos. Un texto que se aprobará por el Consejo de Ministros, a lo largo del próximo mes de marzo. La nueva normativa se encuentra ahora en fase de estudio por parte del Consejo de Estado, tras recibir las oportunas aportaciones de la fase de consulta pública.
El Gobierno pretende que la nueva norma haya entrado en vigor antes del verano. Un cambio normativo que, como sucede en la actualidad, concede al Banco de España la decisión última sobre la inhabilitación de un directivo.
"La nueva norma no va a favor ni en contra de nadie", aseguró ayer Luis de Guindos, ministro de Economía, en respuesta a quien defiende que Alfredo Sáenz podría ser el gran beneficiado de esta medida ya que permite al Banco de España a autorizar a banqueros condenados a seguir ejercicendo en determinados casos.
El Consejo de Ministros aprobará, a lo largo del mes de marzo, los nuevos requisitos sobre honorabilidad, experiencia y buen gobierno
Sin embargo, hasta que finalice su tramitación parlamentaria sigue vigente el artículo 2.2 de la norma sobre creación de bancos del Banco de España. El texto asegura que "se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley".
"Tanto el Banco de España como el Gobierno aplicarán la ley al respecto, como no puede ser de otro modo, y respetarán las sentencias", resaltó ayer Guindos, que restó importancia a los efectos de la hipotética salida de Sáenz. "Ocurra lo que ocurra con Sáenz, la capacidad de gestión del Santander le llevará a continuar siendo uno de los principales bancos, no solamente de España, sino en Europa y en el mundo", esgrimió el ministro.
Sin embargo, en el sector se duda de esa determinación que defiende Guindos. Es más, hay voces que defienden que el fallo del Supremo de ayer condicionará el resultado final de la subasta de Catalunya Caixa. "El Banco de España sabe que le puede pedir al Santander ese esfuerzo (en referencia a la compra de la entidad catalana) a cambio de no tomar ninguna decisión sobre Sáenz", razonan en varias entidades.
