Santander quiere que la administración pública y los tribunales diferencien entre el antiguo Popular y el "nuevo Banco Popular", para que su nueva filial no pague ninguno de los platos rotos del pasado.
En un escrito de 45 páginas al que ha tenido acceso Vozpópuli, el grupo presidido por Ana Botín alega ante la CNMV que no es su cometido pagar la potencial multa de 1 millón por fallos en la prejubilación de Ángel Ron y Francisco Gómez, que avanzó ayer El Mundo.
"Se desincentiva que un tercero de buena fe vuelva a colaborar en la protección del interés público en el mercado de una resolución, visto el tratamiento adverso desproporcionado a recibir", expone el banco en el escrito, firmado José Heraclio Peña, director jurídico de Popular.
"Lo que sería una flagrante injusticia es que la conducta de la entidad resuelta agrave la sanción que sufra el nuevo Banco Popular y, de forma indirecta, su accionista que permitió superar la dramática situación que se produjo en junio de 2017", añade.
Viejo anhelo
"El proceso de resolución de Banco Popular evitó esa situación (o un costoso y probablemente inviable rescate público). Se mantuvo la personalidad jurídica de la Sociedad por razones de interés público y estabilidad financiera, pero nació un nuevo Banco Popular", explica el escrito.
Lo que intenta Santander no es nuevo en el sector financiero. Las entidades que heredaron grupos rescatados han intentado, sin éxito, argumentar que la compra de un banco con problemas da fruto a una nueva sociedad, sin continuidad jurídica. Así fue con Bankia respecto a Caja Madrid y Bancaja o Sabadell con CAM. Pero los tribunales han considerado hasta ahora que en la medida en que se heredan los negocios bancarios, también se ha de cargar con los litigios pendientes.
Junto a este argumento legal, Santander-Popular defienden la transparencia de la prejubilación de Ron y su ex número dos, Gómez. Éste es el motivo del expediente de la CNMV, ya que el supervisor cree que los informes de Gobierno Corporativo ocultaban la remuneración.
"Si bien siempre es posible mejorar el contenido o la forma de presentar la información del Informe, cualquier perfectibilidad menor a la hora de realizarlo no constituye una infracción grave [...]. No existen omisiones ni datos falsos o engañosos en los Informes 2013 a 2015 por lo que no existe conducta típica que pueda ser sancionada", expone el informe.
Lo más llamativa es que lo que Santander-Popular defienden ante la CNMV, lo critican en una demanda para que Ron y Gómez devuelvan los 21,8 millones (12,8 millones de Ron y 9 millones de Gómez) de sus prejubilaciones. Consideran que a pesar de ser transparentes, deben ser consideradas como variable y no se pueden cobrar tras la resolución del banco.
