Un empresario toledano está imputado por tener a sus empleados sin contrato, trabajando diez horas al día por salarios máximos de 400 euros y a los que descontaba de su sueldo la luz y el material que usado en el desempeño de su trabajo.
Según ha informado la Policía Nacional, el detenido es F.G.U., español de 50 años, que es propietario de una nave de reciclaje en un pueblo de la provincia y que pagaba a sus cinco empleados, dos extranjeros en situación irregular, en función de los kilos de material que reciclaban y 400 euros mensuales en el mejor de los casos.
En la investigación han participado inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la localidad donde está radicada la nave y que no se ha facilitado. Las investigaciones culminaron recientemente con la imputación al empresario investigado de un delito contra los derechos de los trabajadores, después de que fuese practicada una inspección en su nave, en la que pudieron confirmarse las sospechas que existían en relación con ese lugar.
Así pues, fruto de esta inspección, se pudo comprobar que los cinco trabajadores estaban ejerciendo sus funciones en condiciones absolutamente precarias, careciendo de contrato, seguro médico, no disponiendo de material adecuado para sus funciones, no respetándose tampoco lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y percibiendo un sueldo ínfimo.
Por otra parte, varios de estos trabajadores resultaron estar compatibilizando este empleo con la percepción de otros subsidios y dos de los empleados eran ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Los delitos contra los derechos de los trabajadores se encuentran tipificados en el título XV del Código Penal y se sancionan con penas que pueden llegar, en algunos casos, hasta los cinco años de prisión.
A este empresario, el Servicio Provincial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le ha incoado el correspondiente expediente por las infracciones detectadas, sanciones que están comprendidas entre los 10.000 y los 100.000 euros, tal y como dispone la Ley de Extranjería ante la comisión de infracciones muy graves.
