La Audiencia Provincial de Zaragoza ha decretado la apertura de juicio oral contra Sol Daurella (presidenta de Coca-Cola European Partners), Demetrio Carceller (presidente de Damm) y otras cuatro personas más (entre ellas Víctor Rufart, director de Estrategia de Coca-Cola por posibles delitos de de estafa procesal agravada, administración desleal y delito contra los derechos de los trabajadores en una operación de compra de Cacaolat. Según dice la Audiencia en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, "procede ya dar fin a las actuaciones y no prolongarlas más".
El archivo de este caso ha sido decretado hasta en tres ocasiones por el juzgado de instrucción zaragozano, que escuchó la versión de Daurella y el resto de imputados, y otras tantas veces el tribunal superior ha determinado que tuviera que reabrirse al sí apreciar los delitos que se imputan al equipo directivo. El origen de esta situación data de 2011, cuando Cacaolat entró en concurso de acreedores lastrado por los problemas de su matriz, Nueva Rumasa. Los activos de la planta de Utebo, cerca de la capital aragonesa, se pusieron a la venta y un consorcio formado por Damm (Carceller) y Cobega, el antiguo embotellador catalán de Coca-Cola (Daurella) presentó el proyecto que fue aceptado por los administradores concursales: alrededor de 70 millones pagaron por la marca (con dos fábricas, una en Barcelona y una en Zaragoza) gracias a que presentaron un proyecto ambicioso de mantenimiento de la producción y el empleo. Su oferta resultó más atractiva para los administradores concursales que otras de grupos potentes como Central Lechera Asturiana o Calidad Pascual.
Sin embargo, los demandantes -un grupo de extrabajadores de la planta zaragozana que fue cerrada- aseguran que en lugar de mantener las inversiones, se redujo totalmente la apuesta por la factoría maña y se trasladó toda la producción a la planta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en contra de lo estipulado. Para la plantilla aragonesa, tres oleadas de despidos que acabaron con el cierre de la planta.
Ahora, el tribunal ve indicios de delito en Daurella, Carceller y el resto de investigados, responsables de "aparentar que se reflotaría la planta lechera cuando la intención era de cerrarla y mantener la producción en Barcelona, lo que motivó que no se hicieran la mayor parte de las inversiones que por cuatro millones de euros había previsto en el plan, dando lugar a la fraudulenta extinción de los trabajadores de la planta de Utebo".
