El Consejo de Estado no fue el único que puso en la picota el convenio que Fomento acordó con Abertis en 2006 para modificar la concesión de tramos de la AP-7. Por entonces, el Ministerio de Economía y Hacienda también formuló observaciones en un primer informe.
El departamento, entonces bajo la tutela de Pedro Solbes, tampoco veía claras las cláusulas que compensaban a Abertis por hipotéticas caídas de tráficos. Economía rectificó tras una nota aclaratoria de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas, por lo que formuló un nuevo informe, sin observaciones.
El Consejo de Estado tampoco emitió objeciones al convenio pero sí llamó la atención sobre el hecho de que su articulado incluía cláusulas compensatorias para Abertis en cualesquiera de los casos, tanto si los tráficos se disparaban como si se hundían, como finalmente ocurrió.
La prueba es que los tribunales han dado la razón a Abertis, que podrá exigir al erario público al final del periodo concesional, en 2021, una compensación milmillonaria. Un precio demasiado alto para que la por entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, esquivara las recurrentes quejas de los políticos catalanes a causa de los habituales atascos de las operaciones salida entre Tarragona y La Junquera.
